El cerco judicial comenzó a cerrarse sobre Los Domínguez, los que tras ser presentados ante el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción durante la Audiencia de Declaración de Imputado, seis presuntos integrantes de la estructura fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara.
Los acusan de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
La decisión llega apenas un día después de una operación que dejó 228 bienes asegurados, valorados en unos 442 millones de lempiras.
Esa operación según las autoridades es uno de los golpes más fuertes contra las finanzas de la organización.
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Los Domínguez y su líder vuelven a prisión
Entre los enviados a Támara figura Francisco Andrés Oseguera Domínguez, de 40 años, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura criminal.
Su nombre apareció anteriormente en expedientes relacionados con narcotráfico. De acuerdo con la información judicial, cumplió una condena desde 2016 por delitos vinculados a esa actividad.
Para los investigadores, Oseguera Domínguez ocupaba una posición clave dentro de la banda que presuntamente utilizó empresas para ocultar el origen de recursos ilícitos.
La investigación alcanzó al círculo más cercano
Entre los acusados se encuentra Yesli Marbella López, de 30 años, identificada como esposa de Oseguera Domínguez.
También figuran Nimia Eliceth Domínguez, de 58 años, y Fabiola Eliceth Martínez Domínguez, de 31.
Junto a ellas fueron remitidos a prisión Hernán Antonio Suárez Castillo, de 39 años, y Yosselin Hibeth Álvarez Reyes, de 26 años.
Las autoridades sostienen que todos habrían participado en operaciones destinadas a ocultar y mover dinero de procedencia ilícita mediante una red empresarial establecida principalmente en el sur del país.
El golpe financiero a Los Domínguez
Las capturas forman parte de una operación ejecutada por la Dirección de Administración de Evidencia y Trazabilidad (DAET) y la Agencia Técnica de Investigación (ATI).
Esto como resultado de una investigación que se prolongó durante 14 meses y cuyo operativo incluyó 19 allanamientos en Valle y Choluteca.
Además del aseguramiento de 228 bienes valorados en aproximadamente 442 millones de lempiras.
Entre los activos intervenidos figuran inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y productos financieros que, según las autoridades, se usaron para dar apariencia legal a recursos presuntamente provenientes del narcotráfico.
Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación fue el uso de funerarias y otras empresas que, de acuerdo con las pesquisas, funcionaron como fachada para justificar movimientos económicos y blanquear capitales.
La próxima batalla será en tribunales
Aunque el golpe policial ya se ejecutó, el futuro judicial de los acusados apenas comienza.
El juzgado fijó para el próximo lunes 6 de julio a las 9:00 de la mañana la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público deberá presentar los indicios que sustentan la acusación y solicitar que el proceso continúe.
Por ahora, los seis acusados permanecerán en Támara. La operación ya golpeó el patrimonio que las autoridades atribuyen a la estructura.
Ahora será la justicia la encargada de determinar si detrás de los 442 millones asegurados existía una red criminal dedicada a transformar dinero del narcotráfico en negocios aparentemente legales.
