Las retroexcavadoras no llegan solas, detrás de cada máquina que rompe el cauce de un río o abre una montaña hay combustible, transporte, vigilancia, campamentos, dinero y alguien dispuesto a invertir cientos de miles de lempiras sin garantía de recuperar un solo gramo de oro. Ese nivel de inversión explica por qué la minería ilegal dejó de verse únicamente como un delito ambiental y empezó a entrar en el radar del crimen organizado, donde otros no tienen la misma capacidad para invertir.

Las redes siempre van en busca de negocios capaces de generar ganancias y ocultar el origen de su dinero.

Mientras Honduras concentra buena parte de sus esfuerzos en destruir cultivos de coca y laboratorios clandestinos, otro negocio comienza a crecer silenciosamente en varias regiones del país.

No deja el mismo olor que la droga ni genera titulares tan frecuentes como los narcotraficantes capturados, pero comparte algo que debería llamar la atención de las autoridades: aparece en los mismos territorios donde el crimen organizado ya encontró refugio.

La minería ilegal dejó hace tiempo de ser únicamente un problema ambiental. En otros países de América Latina es una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

Honduras todavía no confirma oficialmente que ese fenómeno ya ocurrió aquí, pero las coincidencias empiezan a acumularse, dicen expertos.

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El crimen organizado y la minería ilegal

Un reciente análisis del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo de la Armada de Colombia advierte que las organizaciones criminales ya no dependen únicamente de la cocaína.

Ahora administran varios negocios ilegales al mismo tiempo: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, combustibles y lavado de dinero.

El cambio responde a una lógica simple, si una ruta de droga cae, queda el oro; y si un laboratorio es destruido, continúan las ganancias de la minería.

Si aumentan los operativos antidrogas, el dinero puede circular mediante otra actividad aparentemente distinta. El informe señala, incluso, que el oro es un mecanismo para lavar activos y diversificar las ganancias del crimen organizado.

Sólo así dicen los expertos "logran sostener sus operaciones aun cuando una de sus líneas de negocio es golpeada por las autoridades".

operativos
En un operativo contra la minería ilegal en 2024, en El Portillo, Concordia, Olancho, las autoridades decomisaron seis excavadoras, nueve dragas, 12 motobombas, cientos de metros de mangueras y barriles de diésel, además de capturar a cuatro personas señaladas de participar en la extracción clandestina de oro. Foto: PGR.

Las coincidencias que empiezan a repetirse en Honduras

En marzo de 2026, fiscales hondureños destruyeron maquinaria utilizada para minería ilegal en el valle de Sico Paulaya, en Iriona, Colón.

Excavadoras, equipos pesados y operaciones clandestinas trabajaban dentro de la zona de influencia de áreas protegidas.

Tres meses después, ese mismo municipio volvió a aparecer en las noticias y esta vez no por el oro.

Las autoridades localizaron 49 mil plantas de coca y un laboratorio clandestino para procesar la hoja.

No existe evidencia pública de que ambos hechos pertenezcan a una misma organización criminal, pero la coincidencia territorial resulta difícil de ignorar.

Iriona ya no solo aparece en los mapas por la minería ilegal, también por la coca y la pregunta cambia por completo: ¿Casualidad o dos economías ilegales creciendo sobre el mismo territorio?

Iriona
En marzo de 2026, la Fiscalía intervino varios puntos de minería ilegal en el Valle de Sico Paulaya, Iriona, Colón, donde destruyó maquinaria utilizada para extraer oro de forma clandestina en sectores que afectan la zona de influencia de dos áreas protegidas. Foto: Ministerio Público.

Olancho también ofrece señales

El caso de Olancho resulta igual de llamativo. Durante los últimos años, fiscales decomisaron retroexcavadoras.

Además, dragas, motores industriales, kilómetros de tubería, motobombas, plantas gravimétricas y grandes cantidades de combustible utilizadas para extraer oro del río Guayape.

La inversión necesaria para instalar esa infraestructura difícilmente corresponde a un pequeño buscador artesanal.

Mientras tanto, el mismo departamento es uno de los escenarios donde las autoridades destruyen extensos cultivos de coca y laboratorios clandestinos.

Las historias siguen tratándose por separado: una aparece en la sección ambiental, la otra en la policial. Pero ambas ocurren sobre el mismo territorio.

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La maquinaria también cuenta una historia

Una batea y una pala pueden pertenecer a un minero artesanal. Seis retroexcavadoras, kilómetros de tubería, plantas de lavado, motores industriales y barriles de combustible cuentan otra historia.

No prueban por sí solos la participación del crimen organizado, pero sí hablan de inversiones millonarias, y el dinero deja huellas.

¿Quién compra esa maquinaria? ¿Quién financia el combustible? La mayoría termina con fotografías de excavadoras decomisadas, pero pocas veces llegan hasta los financistas.

Chiquila, Santa Bárbara
Durante un operativo en enero de 2026, en las orillas del río Chiquilá, en Macuelizo, Santa Bárbara, las Fuerzas Armadas localizaron maquinaria y equipos presuntamente utilizados para la extracción ilegal de minerales, una actividad que continúa expandiéndose en distintas zonas del país. Foto: FF. AA.

El oro vale más de lo que parece

En Colombia, Ecuador y Perú, la minería ilegal terminó convirtiéndose en mucho más que un negocio extractivo.

El oro permitió lavar dinero del narcotráfico, financiar estructuras armadas, comprar armas, pagar sicarios y controlar comunidades enteras.

Las organizaciones comenzaron cobrando extorsiones a pequeños mineros y después terminaron administrando la actividad completa.

El informe colombiano advierte que ese modelo criminal transforma a los grupos ilegales en administradores del territorio y no únicamente en traficantes de droga.

Ese antecedente resulta especialmente relevante para Honduras.

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Las alertas que no deberían pasar inadvertidas

Cuando una zona presenta minería ilegal, apertura de trochas, maquinaria pesada sin propietarios visibles, grandes cantidades de combustible, ausencia del Estado y posteriormente aparecen cultivos de coca o laboratorios clandestinos, las autoridades ya no enfrentan únicamente delitos ambientales.

Enfrentan la posibilidad de una convergencia criminal y eso no significa que toda mina ilegal pertenezca al narcotráfico.

Pero sí obliga a investigar quién financia esas operaciones, quién compra el mineral y hacia dónde termina fluyendo el dinero.

Hoy, el oro entra al escenario, es un mineral más fácil de moverlo, puede venderse en mercados legales.

Además, ayuda a ocultar ganancias ilícitas y ofrece ingresos permanentes aun cuando las rutas de droga son golpeadas.

Honduras todavía está a tiempo de impedir que esa historia se repita, pero para lograrlo tendrá que dejar de mirar la minería ilegal únicamente como un atentado contra los ríos y los bosques.

Porque detrás de una excavadora abandonada puede no esconderse solamente un extractor clandestino, puede aparecer el siguiente negocio del crimen organizado.

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