Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas al empresario Carlos Salomón Fonseca Zelaya, acusado por el supuesto delito de fraude relacionado con el traslado de maletas electorales durante las elecciones internas celebradas el domingo 9 de marzo de este año.

Según la acusación, Fonseca habría estado involucrado en la contratación de 94 buses de ruta urbana que no estaban contemplados en el contrato original suscrito por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la distribución del material electoral a nivel nacional.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el empresario no solo se habría beneficiado de manera irregular, sino que tampoco cumplió con los procedimientos legales, como la inscripción formal en el sistema estatal de contratación ni la ejecución de una licitación válida.

Además, el CNE no habría realizado inspecciones completas a los vehículos utilizados, y se presume que algunos fueron subcontratados sin autorización.

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Entre las medidas impuestas al empresario se encuentran la prohibición de salir del país, presentarse periódicamente al juzgado, mantenerse alejado de los demás implicados, así como la rendición de una caución hipotecaria.

También deberá someterse a la vigilancia judicial y presentarse con su apoderado legal a la audiencia inicial, prevista para el próximo miércoles 30 de julio a las 9:30 de la mañana.

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras se esclarece el presunto fraude en un proceso electoral que debería haberse llevado con la más estricta transparencia.

Retraso en el traslado de maletas electorales

El día de las elecciones primarias, muchas de las maletas electorales fueron transportadas en microbuses, cuando debieron trasladarse en camiones. Incluso, algunas permanecieron estacionadas en diversos barrios y colonias de Tegucigalpa sin la debida vigilancia y sin la presencia de las Fuerzas Armadas.

El material electoral llegó hasta con más de 12 horas de retraso a algunos centros de votación en Tegucigalpa.

Por el caso hay otras dos personas detenidas que están siendo procesadas, ambos empleados del CNE. Además, se emitieron requerimientos para otras personas.