En Honduras, el 90 % de los casos de trata de personas termina sin castigo. Es una cifra que refleja un sistema de justicia débil y la ausencia de políticas efectivas para frenar un delito que desgarra vidas enteras.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este 30 de julio, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que la impunidad es el mayor aliado de las redes criminales.
“El Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar justicia, protección y reparación para cada víctima, pero el abandono institucional perpetúa esta forma moderna de esclavitud”, advirtió Nelson Castañeda, director del Sector Seguridad y Justicia de la organización.
Trata de personas: una condena en 2025
Entre el 2019 y junio de 2025, Honduras acumuló 769 denuncias por trata de personas.
Solo en el primer semestre de este año se identificaron 46 víctimas: 31 niñas, 9 niños, 5 mujeres adultas y una persona de la comunidad LGTBIQ+.
Sin embargo, el dato más alarmante es que apenas un caso recibió sentencia condenatoria en lo que va de 2025. La mayoría de los procesos se archivan sin que se sancione a los responsables.
Los departamentos con más denuncias son Francisco Morazán (197), Cortés (105), Yoro (39), Atlántida (37) y El Paraíso (34).
En Islas de la Bahía, la ASJ advierte que mujeres y niñas hondureñas se ofrecen a turistas extranjeros a través de catálogos digitales para explotación sexual.
Honduras: presupuesto en caída y debilidad institucional
Combatir la trata de personas exige recursos y personal especializado, pero el presupuesto asignado se ha reducido año tras año.
La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) pasó de 5.6 millones de lempiras en 2019 a apenas 3.8 millones en 2025.
Por su parte, la Unidad Contra la Trata de Personas del Ministerio Público recibió solo 1.07 millones de lempiras este año, lo que representa menos del 20 % del presupuesto necesario para operar de manera efectiva.
A la falta de recursos se suman limitaciones estructurales: cobertura territorial insuficiente, baja capacidad institucional y poca sensibilización sobre el problema.
Lea también: En colegios, redes sociales y videojuegos: así se camuflan las redes de trata
Menores de edad, víctimas invisibles de la trata de personas
Durante 2024, la CICESCT atendió a 3,800 víctimas, la mayoría menores de edad. El 74 % de los casos estuvo relacionado con explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la ASJ sostiene que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema.
“El silencio social y la ausencia de personal especializado hacen que muchas víctimas nunca se atrevan a denunciar”, subrayó Castañeda.
Quienes lo hacen enfrentan miedo, amenazas y revictimización en un sistema que pocas veces les ofrece justicia.
La ASJ exige al Estado hondureño tomar medidas urgentes: asignar mayor presupuesto, fortalecer las instituciones y garantizar personal capacitado.
De lo contrario, la trata de personas avanzará en un país donde nueve de cada diez casos terminan sin condena.
En Honduras, este delito se convierte en una forma moderna de esclavitud.
