El 14 de septiembre de 2024, los disparos que acabaron con la vida de Juan Antonio López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, silenciaron una voz que durante años denunció la contaminación del río Guapinol y los abusos ligados a proyectos mineros en el Bajo Aguán.

Trece meses después, su nombre sigue siendo sinónimo de lucha, pero también de impunidad.

Su asesinato ocurrió cuando salía de una iglesia. No era la primera amenaza que recibía.

López tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la protección nunca fue suficiente.

Lo mataron en el mismo municipio donde defendía el agua y la tierra, en un territorio que, como él decía, “vale más que el oro que buscan los poderosos”.

Juicio abierto para Juan López, justicia pendiente

El caso se elevó a juicio oral y público el 2 de septiembre de 2025, casi un año después del crimen.

Tres hombres permanecen en prisión preventiva como presuntos autores materiales. Sin embargo, los retrasos han sido constantes.

Audiencias suspendidas, informes forenses incompletos y peritajes telefónicos sin entregar forman parte del expediente.

“El Ministerio Público no ha demostrado la diligencia que un caso de esta magnitud requiere”, señalan organizaciones que acompañan el proceso.

A pesar de los tropiezos, el Tribunal de Sentencia continúa con la causa abierta. Pero el sentimiento que predomina entre los pobladores del Aguán es de frustración: la justicia avanza, pero no alcanza.

Autores materiales bajo proceso, autores intelectuales libres

Las autoridades policiales anunciaron “avances significativos” en la investigación, confirmando la captura de los tres presuntos sicarios.

Sin embargo, el Estado hondureño no identifica a los autores intelectuales, ni siguió las líneas de investigación que podrían vincular el crimen con intereses mineros o redes locales de poder.

Defensores de derechos humanos lo consideran un patrón que se repite: los autores materiales pagan, pero quienes ordenan y financian los asesinatos siguen en libertad.

En el Bajo Aguán, donde han muerto más de 150 campesinos y ambientalistas desde 2009, la historia de Juan López se suma a una larga lista de nombres que el país no puede o no quiere esclarecer.

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El legado de Juan López que no se apaga

El nombre de Juan López sigue vivo entre las comunidades que defendió. Su familia, amigos y compañeros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, exigen justicia.

Cada 14 de mes, colocan flores en el sitio donde cayó. “Juan no murió por casualidad; lo mataron por alzar la voz”, dice una de sus compañeras de lucha.

Las organizaciones nacionales e internacionales reiteran que la justicia para Juan es también la justicia para el medioambiente en Honduras, un país donde defender la tierra sigue costando la vida.