Desde principios de los años 2000, la violencia en sectores como Rivera Hernández, Flor de Cuba, Larios Silva y Ticamaya en San Pedro Sula comenzó a tener un nombre: “Los Olanchanos”.
Lo que empezó como una célula criminal local se transformó en un engranaje que movió drogas, ejecutó asesinatos y escondió cuerpos en fosas clandestinas.
Durante más de dos décadas, esta organización mantuvo el control delictivo en zonas estratégicas, operó con brutalidad y extendió su influencia hacia otros países de la región.
Tres condenas para "Los Olanchanos"
Tras semanas de juicio, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó fallo condenatorio contra tres miembros de la banda.
- René Alberto Andino Varela: culpable de dos asesinatos, asociación para delinquir y tráfico de drogas agravado.
- Grevil Enrique Martínez Zepeda: lo condenaron por siete asesinatos y privación ilegal de la libertad de dos testigos protegidos.
- Luis Fernando Ruiz Mejía: culpable de seis asesinatos, tentativa de asesinato, privación ilegal de libertad, asociación para delinquir y tráfico de drogas agravado contra cuatro testigos protegidos.
La audiencia de individualización de la pena se fijó para el 27 de agosto de 2025.
Droga, asesinatos y alcance internacional
Entre 2020 y 2021, “Los Olanchanos” perdieron ante la justicia 817 kilos de cocaína y 33 paquetes de marihuana.
Las investigaciones revelaron conexiones con redes criminales en México y Colombia.
En mayo de 2022, a una integrante la detuvieron con 14,700 dólares sin justificar, y en octubre de 2023, la Operación Temis golpeó sus finanzas: 16 allanamientos permitieron incautar propiedades, vehículos y terrenos valorados en millones de lempiras.
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Una victoria parcial contra el crimen organizado
Aunque el Ministerio Público encarceló a tres de sus integrantes más violentos, la estructura no se desmanteló.
Sin embargo, el fallo envía un mensaje claro: la justicia avanza contra quienes por años operaron con total impunidad.
El próximo 27 de agosto se conocerán las penas que deberán cumplir, en lo que se perfila como un hito judicial en la lucha contra el crimen organizado en Honduras.
