En el Bajo Aguán, recuerdan que hace tres meses asesinaron a Juan López, quien se destacó como una figura central en la defensa del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.

Desde su papel como coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), lideró protestas pacíficas contra los daños ambientales ocasionados por las actividades mineras de empresas como EMCO Holdings/Los Pinares/Ecotek.

“Sabíamos que enfrentábamos riesgos, pero no imaginamos que llegarían a tanto”, expresó una pobladora y activista que acompañó a López en su lucha.

Juan había recibido amenazas de muerte, un preludio que terminó materializándose el 14 de septiembre de 2024, cuando lo atacaron a la salida de una iglesia en Tocoa.

El asesinato

Eran cerca de las ocho de la noche cuando las balas encontraron a Juan López. Acababa de concluir un acto religioso en la colonia Fabio Ochoa, cuando lo atacaron dentro de su vehículo.

A pesar de estar acompañado, las balas fueron certeras; el sicario huyó en motocicleta, amparado por el ruido de los eventos religiosos cercanos.

“Nos dijeron que los disparos se confundieron con la música”, relató un testigo. Esa indiferencia sonora refleja el contexto de un país donde las vidas de defensores como Juan se extinguen por la violencia.

¿Quiénes planearon su muerte?

Aunque tres hombres están en prisión como presuntos autores materiales, las organizaciones sociales señalan que el caso está lejos de resolverse.

“Faltan los que planearon y financiaron este crimen, los intelectuales”, enfatizó un miembro del CMDBCP.

La exigencia de justicia no solo apunta a los ejecutores, sino también a las estructuras de poder detrás del extractivismo, incluyendo empresarios prominentes, contra quienes se presentó requerimiento fiscal por crímenes ambientales.

Incluso el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por López por presuntos nexos con el narcotráfico, sigue sin responder a las demandas de renuncia.

A tres meses, el silencio simboliza la indiferencia de un sistema que parece proteger más a los culpables que a las víctimas.

Indefensos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas de protección colectivas para los miembros del CMDBCP, incluyendo a López. Sin embargo, el Estado de Honduras ignoró estas recomendaciones.

“Lo que le pasó a Juan es una consecuencia de la omisión estatal. El gobierno no protegió a alguien que estaba claramente en riesgo”, afirmó un representante de una organización internacional de derechos humanos.

Mientras tanto, la comunidad de Tocoa en estos tres meses, sigue movilizándose. Marchas, plantones y campañas en redes sociales han mantenido vivo el nombre de Juan López.

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, también urgió una investigación transparente que identifique a los autores intelectuales de este asesinato.

El legado que no podrán silenciar

Juan López no solo era un defensor del medio ambiente; era un símbolo de resistencia. Su muerte, aunque trágica, intensificó la lucha contra el extractivismo en Honduras.

Cada vez más personas se suman al llamado de justicia, conscientes de que silenciar una voz no detendrá el eco de su causa.

En Tocoa, donde los ríos aún luchan por fluir libres, el espíritu de Juan López sigue presente.

"Mataron a un hombre, pero no podrán matar sus ideales”, concluyó Leonel George, activista, mientras una bandera verde ondeaba frente al lugar donde una vez vivió el líder comunitario.

A tres meses de su asesinato, la memoria de Juan López sigue viva en cada manifestación, en cada grito de justicia que retumba en el Bajo Aguán. Su legado evidencia de que, aunque la impunidad aún reine, la resistencia nunca callará.