La exprimera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, goza de buena salud mental y está acta para juicio, según dictamen del departamento de evaluación mental y social del centro de Medicina Forense del Ministerio Público.
Por lo anterior, el MP indica que no hay impedimento para que el Tribunal que se designó para el caso “Caja chica de la dama” señale fecha y llame a debates a las partes procesales.
“Medicina Forense volvió hacer la evaluación contra la exprimera dama y ya esta semana se enviaron estos resultados ante el juez que conoce la causa. Son ellos, los que en su momento van a determinar cuándo se reinicia otra vez el caso”, dijo Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
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El único impedimento para dilatar el inicio del debate puede ser una estrategia de los letrados de las defensas. No obstante, el Tribunal debe valorar el dictamen que solicitó en su momento.
Dilatar el proceso
Por su parte, el analista jurídico, Oliver Erazo, aseguró que la defensa de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, tratará de dilatar el proceso judicial.
“Van a intentar dilatar el proceso, a efecto de que se presente la exprimera dama al desarrollo normal del procedimiento”, aseguró Erazo.
Sin embargo, agregó que una vez que se obtenga el dictamen médico forense y que esté acreditado en la a foliada digital, tendrá que presentarse al estrado judicial y seguir el debido proceso.
Mientras se extendían los plazos para la evaluación forense de la acusada, Rosa Elena Bonilla Ávila; su defensa legal interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, admitido sin suspensión del acto reclamado.
Lo que no impide iniciar el juicio, pero sin dictar la sentencia, según opinan expertos en la materia.
“El Tribunal de Sentencia que ha sido asignado para conocer la audiencia de juicio oral y público deberá de constituirse para señalar nueva fecha y hora para la celebración de la nueva audiencia”, expresó Elvin Castillo, abogado penalista.
Cabe recordar que, en su momento la sala penal anuló la condena a 58 años de prisión dictada por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción; y ordenó repetir el juicio con nuevo Tribunal y la misma prueba.
