El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó irregularidades con indicios de responsabilidad penal en 13 expedientes de demandas laborales contra la municipalidad de Choluteca, que derivaron en embargos por más de 32.5 millones de lempiras contra fondos de la Cuenta Única del Estado.
Los hallazgos forman parte de una investigación especial practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH), durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
Según el comunicado divulgado este martes 18 de agosto, el TSC determinó que los 13 procesos fueron ejecutados mediante exhortos judiciales cuya emisión fue desconocida por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca.
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Juzgado de Choluteca negó haber emitido los exhortos
La investigación estableció que los documentos utilizados para ejecutar los embargos no contaban con respaldo documental suficiente, debido a que no estaban acompañados de acuerdos conciliatorios, autos de ejecución de embargo ni referencias claras que permitieran comprobar su autenticidad.
Pese a esas inconsistencias, los exhortos sirvieron para afectar fondos de la Cuenta Única del Estado.
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El TSC señaló que los 13 documentos fueron presentados por un abogado que figuró como apoderado legal de la supuesta parte demandante o por personas vinculadas a él. Posteriormente, fueron recibidos, tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
De acuerdo con la auditoría, no existe evidencia de que ese juzgado haya confirmado documental, electrónica, institucional o telefónicamente la autenticidad de los exhortos con el tribunal de Choluteca.
La investigación reveló además que el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que aparecían atribuidos a ese órgano judicial.
Incluso, algunos números de expedientes correspondían a procesos reales entre empresas privadas, uno estaba relacionado con una demanda contra la municipalidad de Choluteca pero presentaba alteraciones en las partes procesales y cuantías, mientras otros no aparecían registrados en los libros de control ni en los sistemas electrónicos del juzgado.
Más de L32.5 millones salieron de la Cuenta Única del Estado
Con base en esos documentos se ejecutaron embargos contra la Cuenta Única del Estado en el BCH. Los fondos fueron trasladados a una cuenta del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
Posteriormente, según el TSC, desde esa cuenta se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuraba como representante legal de la supuesta parte demandante.
El monto total pagado por los 13 expedientes investigados ascendió a L32,545,791.88.
El organismo fiscalizador indicó que durante la investigación identificó la participación de diferentes personas, profesionales del derecho, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos examinados.
Ante los indicios encontrados, el informe fue remitido al Ministerio Público (MP) para que realice las investigaciones correspondientes y, de considerarlo procedente, presente los requerimientos fiscales ante los tribunales.
Ministerio Público debe congelar cuentas
Sobre el tema, el abogado y analista político Kenneth Madrid dijo que el Ministerio Público debe de actuar inmediatamente y tomar medidas preparatorias como congelar las cuentas en la que está el dinero para evitar que se pierda.
"Es importante que el Ministerio Público establezca claramente la ruta porque aquí se debe hacer algunas diligencias preparatorias como congelar el dinero, seguir la ruta del dinero para evitar que el mismo se pierda", manifestó a Noticieros Hoy Mismo.
Hasta menores demandaron
Por su parte la alcaldesa de El Corpus, Choluteca, Katherine Guillén, declaró que ella ya había denunciado que existían demandas a nombre de menores de edad, personas que nunca habían laborado y hasta fallecidos.
"No me sorprende porque yo ya venía haciendo la denuncia desde meses anteriores ( … ) Yo le hice un listado al TSC y de igual manera a la fiscalía de todas la irregularidades que nosotros encontramos", dijo.
Asimismo, la alcaldesa reveló que las personas le confesaron a ella que los llevaron bajo engaños.
"Muchos de ellos me buscaron y me dijeron: 'alcaldesa nosotros no teníamos conocimiento de que estábamos demandando a la alcaldía solo nos citaron para entregarnos un dinero que nos debían por parte de la alcaldía'. Les entregaron un cheque valorado en 70,000 lempiras", agregó.
