"El caso principal es el caso de Red de Diputados, que son más de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG), a través de las cuales se drenó dinero. Todos esos casos van a prescribir y algunos ya prescribieron y no hay ninguna posibilidad de poder proceder contra ellos mientras este decreto no se derogue", cuestionó el titular de la Uferco en comunicación con Telenoticias de Canal 5.

Según Santos, por ese pacto de impunidad que se legisló con la aprobación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, muchos casos de corrupción que involucran a diputados, ya no podrán ser investigados.

El decreto 57-2020 impide al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción; mientras que 93-2021 obliga a que, para acusar una persona por lavado de activos, exista un delito procedente.

"Hay casos del 2010 y del 2011 que ya es imposible poderlos investigar, no solo por el 116-2019 sino que también por los decretos 57-2020 y 93-2021, porque ya no podemos acceder a información financiera", dijo Santos.

"Todos aquellos casos del 2015 hacia atrás, ya prácticamente es imposible investigarlos porque ya no podemos acceder a esa información que los bancos tienen", agregó.

Secreto bancario

El titular de la Uferco también señaló que se enfrentan con el riesgo de que a la hora que se deroguen los decretos 57-2020 y 93-2021, ya no encuentren la información en los bancos, porque después de cinco años amparados en la ley, las instituciones bancarias pueden destruirla.

"Imagínese que en ese decreto se dice que los bancos están obligados a mantener la información hasta cinco años de antigüedad. Aún así, si se derogan esos decretos en este momento, los bancos justificándose en esos decretos, pueden decir que ellos ya no tienen esa información, porque ya fue destruida, porque la ley solo los obligaba a mantenerlas cinco años anteriores", comentó el funcionario.

Sin voluntad en el Congreso Nacional

Santos lamentó que después de una lucha de dos años de solicitar la derogatoria de ese pacto de impunidad, no haya voluntad política en el Congreso Nacional para hacerlo.

"No existen los consensos, no se quieren hacer las reformas y no vamos a avanzar así, ya llevamos dos años y seguimos con esos decretos intentando de que se deroguen y no sean derogado", apuntó.

De acuerdo a Santos, por el pacto de impunidad se han beneficiado más de 100 casos o personas que han quedado liberadas de responsabilidad penal.

"Se nos da facultades de 'super fiscalía', pero no se nos da gente para poder trabajar. O sea, el embudo de nuestra fiscalía es la auditoría forense. No podemos estar trabajando redes de corrupción con siete u ocho auditores", lamentó.

"Lo otro es que el Ministerio Público tiene una ley que también se tiene que respetar, no solamente de emitir un decreto y decir, se le dan super poderes a la fiscalía, sino que tienen que ir acorde con la con la ley del Ministerio Público", añadió.

Discurso del gobierno no se lleva a la práctica

El fiscal explicó que en el discurso del actual gobierno se aparenta que hay voluntad en la lucha anticorrupción, pero en la práctica es todo lo contrario.

"En el discurso sí, pero en la práctica no se refleja esa voluntad que se maneja en el discurso, porque de otra manera estas unidades ya estuvieran más fortalecidas", concluyó.

El fiscal de la Uferco reveló que desconoce cuánto es el presupuesto asignado para esa fiscalía y que se encuentran debilitados porque tienen poco personal, ya que algunos han renunciado para irse a otras áreas o fuera del país, por lo que ve incierto el panorama de la lucha contra la corrupción en Honduras.

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