En Idaho, un estado conocido por sus campos de papa y su aparente tranquilidad, operó una red de narcotráfico que tenía a un hondureño, bajo el nombre falso de Héctor Ojeda Manuel Aponte, distribuyendo hasta 18 kilos de metanfetamina cada semana, junto con dosis de fentanilo y peligrosas “sales de baño”.

A sus 44 años, a Aponte lo sentenció una jueza federal a 262 meses de prisión, es decir, más de 21 años.

Lo hacía desde las sombras, con varios vehículos destinados al transporte de droga, escondites bien estructurados y negocios de fachada para lavar miles de dólares producto del narcotráfico.

Mano clave del Cártel de Sinaloa

Diversas fuentes judiciales y policiales confirmaron que Aponte, el hondureño se consideró el operador principal del Cártel de Sinaloa en Idaho.

Su trabajo era mantener viva la cadena de suministro de droga en el estado, facilitar el ingreso de sustancias y garantizar su distribución a través de una red bien tejida de cómplices.

David F. Reames, agente especial de la DEA en Seattle, fue claro al relacionar dos crisis: “La inmigración ilegal y el narcotráfico son amenazas interconectadas", señaló.

Pero Reames también dijo que organizaciones como el Cártel de Sinaloa "emplean a personas como este acusado para impulsar sus negocios de drogas”. Para Reames, con esta sentencia se hizo justicia.

El engranaje completo cae

La captura y condena de Aponte fue el cierre de una operación de largo aliento que puso bajo la lupa a otros cinco implicados.

A todos los sentenciaron por distintos roles dentro de la red:

  • Ernesto Díaz Gaspar: 30 meses de prisión
  • Wilkin Rolando Martínez Munguía: 36 meses
  • Cevin Alfonso Martínez: 42 meses
  • Jesús De Jesús Loera: 70 meses
  • Lawrence Barnes: 160 meses

Mientras que Barnes y Loera son ciudadanos estadounidenses, el resto, incluido Aponte, son migrantes en situación irregular.

Metanfetaminas en el corazón del noroeste

El caso no solo revela el rostro del tráfico de drogas en Idaho, sino también cómo las organizaciones criminales transnacionales extendieron sus tentáculos a lugares antes considerados “seguros” o alejados del radar narco.

La distribución de metanfetamina, una droga devastadora, se volvió una amenaza constante, y los fiscales lo saben.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está comprometido a eliminar la amenaza de los cárteles mexicanos”, dijo el fiscal Justin Whatcott. “No vamos a permitir que envenenen nuestras comunidades”.

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Un juicio que envía un mensaje

La sentencia del hondureño Aponte representa una advertencia directa a quienes operan para los cárteles desde el interior de Estados Unidos.

Y también plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos otros como él están aún ocultos, usando nombres falsos, moviendo drogas letales y extendiendo redes criminales?.

Mientras la DEA celebra el cierre de este capítulo, Idaho despierta con la conciencia de que incluso en su aparente calma, el narcotráfico echó raíces.