La presión sobre la libertad de expresión en Honduras ya no termina en la puerta de una redacción. Defender un río, representar públicamente a una comunidad o generar contenido digital también aparece dentro del escenario de riesgo documentado en el país.
El boletín del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) muestra precisamente ese ensanchamiento: periodistas y medios conviven ahora en el monitoreo con comunicadores, defensores de derechos humanos y vocerías comunitarias.
Mientras se amplía el universo de personas expuestas, también aumentaron las alertas.
Entre enero y junio de 2026 fueron documentadas 60, frente a 43 durante el mismo período de 2025.
Son 17 casos adicionales y un incremento interanual del 39.5 %, equivalente a una agresión documentada cada tres días.
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Libertad de expresión: riesgo salió de las redacciones
Uno de los cambios que retrata el informe es quién puede quedar expuesto cuando ejerce públicamente su voz.
C-Libre sostiene que las agresiones más graves contra la libertad de expresión ya no recaen exclusivamente sobre periodistas vinculados a medios tradicionales.
El organismo incorpora dentro del ecosistema informativo a vocerías comunitarias, defensores que representan públicamente demandas colectivas y personas que generan contenidos digitales.
Ese cambio también plantea un desafío para los sistemas de protección, históricamente asociados a periodistas, comunicadores y defensores.
C-Libre considera necesario que las políticas de prevención evolucionen para responder a esa nueva realidad.
El territorio también marca el riesgo
La libertad de expresión en Honduras tampoco enfrenta las mismas condiciones en todos los lugares.
Francisco Morazán concentró 29 de las 60 alertas del semestre, equivalentes al 48.3%. Choluteca registró ocho; Islas de la Bahía, cinco; Cortés, cuatro, y Colón, tres.
La concentración en Francisco Morazán está relacionada, según C-Libre, con la presencia de instituciones públicas, protestas sociales y la cobertura de decisiones gubernamentales.
Fuera de esos centros, sin embargo, aparece otra dificultad, los comunicadores que trabajan en escenarios rurales, territoriales y comunitarios suelen enfrentar mayor vulnerabilidad y menores capacidades institucionales de protección.
Los conflictos por tierra y territorio son precisamente uno de los escenarios identificados por C-Libre como especialmente complejos.
Allí convergen intereses económicos, disputas por la propiedad, fuerzas de seguridad y altos niveles de conflictividad.
Mientras medios comunitarios y comunicadores locales cuentan con mecanismos limitados de protección.
Informar en medio de una protesta
Otro escenario donde aparece la presión es la calle, durante el primer semestre, las protestas por derechos laborales, económicos y sociales dejaron restricciones al trabajo periodístico y obstáculos para registrar acontecimientos públicos.
El informe documentó también intimidaciones y dificultades para que periodistas y comunicadores desarrollaran esas coberturas.
Uno de los casos ocurrió durante las movilizaciones en defensa de la montaña de El Merendón, principal fuente de agua de San Pedro Sula.
Según el boletín, se denunció el intento de empleados municipales de despojar de su equipo a personas que documentaban la protesta.
Cuatro muertes bajo el monitoreo
La dimensión más grave aparece en cuatro asesinatos incorporados por C-Libre a su sistema de monitoreo durante el semestre.
Las víctimas fueron Reina Margarita Carrasco Gonzáles, vocera comunitaria; Jesús Reyes, defensor del río Chachaguala; Katherin Mejía Argueta, “Katy Mazorca”, creadora de contenido, y Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, dirigente campesino y vocero comunitario.
Existe una precisión: el informe no determina que estas personas hayan sido asesinadas por ejercer esas actividades.
C-Libre exige es que se investigue como línea prioritaria una eventual relación con sus labores de comunicación, vocería o defensa de derechos.
Sin embargo, el propio análisis encuentra una coincidencia: tres de las cuatro víctimas desempeñaban funciones de vocería comunitaria y liderazgo social.
Los tres se vincularon con la defensa del territorio, los bienes comunes y los derechos colectivos.
La cuarta víctima evidencia otra transformación: una adolescente creadora de contenido que construyó una comunidad en TikTok aparece dentro del análisis sobre libertad de expresión.
Así, detrás de la estadística de una agresión cada tres días aparece un cambio más profundo.
El espacio que C-Libre considera necesario proteger ya no está compuesto únicamente por periodistas y medios.
También incluye a quienes desde una comunidad, un territorio o una plataforma digital convierten su voz en una forma de informar, representar demandas o colocar asuntos de interés público frente a los demás.
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