Han pasado diez años desde que Honduras promulgó con bombos y platillos la Ley de Protección para Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Una década que, en teoría, debía significar un cambio profundo para uno de los países más peligrosos del continente para ejercer estas labores.

Pero, en la práctica, los rostros de quienes matan por alzar la voz siguen colmando los altares de la memoria.

El país prometió protección, pero lo que entrega es silencio, lentitud e indiferencia que no genera la respuesta institucional.

“La ley no fue un regalo, fue una conquista”

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), lo dice sin rodeos: “Esta ley no fue una dádiva. Fue el resultado de la presión social, de las vidas que se perdieron y de la lucha de las comunidades que no se resignan a callar”.

Pero pese a ese origen esperanzador, el sistema que debía blindar a los defensores hoy apenas sobrevive.

Acevedo lamenta que el mecanismo de protección se convirtiera en una estructura débil, burocrática, sin los recursos necesarios ni la independencia para actuar con eficacia.

“Es lento, no responde a los tiempos de las amenazas reales, y muchas veces lo que entrega son medidas simbólicas que no salvan vidas”, afirma.

Promesas que no llegaron a los territorios

Uno de los avances más celebrados fue la descentralización parcial del sistema hacia zonas de alto riesgo, donde las agresiones son más frecuentes.

Pero ese paso, aunque importante, es insuficiente. En muchas regiones del país, los defensores siguen a merced de estructuras criminales, intereses económicos y un Estado que, cuando no es cómplice, es ausente, dicen los defensores.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que el Estado hondureño muestra poco interés en fortalecer el sistema.

La falta de voluntad política se suma a una narrativa que a menudo criminaliza la defensa de derechos y estigmatiza a quienes denuncian abusos de poder o megaproyectos extractivos.

Exigir, resistir, no rendirse

A pesar del abandono, Javier Acevedo insiste en que renunciar al sistema sería un grave error.

“La tarea de las organizaciones, de las radios comunitarias, de las redes territoriales, es presionar, seguir denunciando. Si no lo hacemos, el silencio será total”, dice.

La batalla por un mecanismo fuerte, con presupuesto, con autonomía y con presencia real en los territorios, sigue vigente.

Porque en Honduras, defender la vida, el agua, la tierra o la verdad aún se paga con sangre.

De interés: Oacnudh alerta por ataques constantes a defensores y periodistas en Honduras

La impunidad no se detiene

Mientras las reformas se postergan y el sistema se debilita, la impunidad cobra nuevas víctimas.

Honduras no está sola en esta realidad: América Latina es hoy la región más letal del mundo para quienes defienden derechos humanos.

El país tiene una ley, sí. Pero lo que le falta es justicia, voluntad y compromiso. Diez años después, quienes alzan la voz lo hacen con miedo, pero también con la convicción de que su lucha no es en vano.

A diez años de su aprobación, la Ley de Protección exige algo más que recordatorios: demanda cumplimiento, valentía institucional y una sociedad que no mire hacia otro lado.