La mañana del 3 de junio de 2025, Yury Melissa Aguiriano Romero, hondureña abrazó a su esposo antes de entrar a una oficina de ICE en Framingham. No imaginó que sería la última vez que lo vería.
Lo que parecía una rutina del Programa de Supervisión Intensiva (ISAP), terminó con su detención.
Su esposo, Víctor Emilio Murillo Ávila, salió libre, pero con una orden: comprar boletos de avión a Honduras para él y sus tres hijos antes del 2 de julio.
A Aguiriano Romero la llevaron al centro de ICE en Burlington, Massachusetts, un lugar que, según su esposo, no está preparado para detenciones prolongadas.
Ahí, durante más de una semana, sobrevive a base de galletas, agua y una manta sobre un piso sucio de orina. Su dignidad, al igual que su libertad, está en juego.
De profesionales en Honduras a perseguidos
Yury era empleada gubernamental en la Secretaría de Agricultura. Víctor, supervisor de una empresa embotelladora.
Vivían en el Bajo Aguán, una región atravesada por conflictos de tierras, narcotráfico y violencia.
La pareja en la zona asegura que empezó a pagar extorsiones. La llegada de su segunda hija fue el punto de quiebre.
“Nos sosteníamos, pero teníamos miedo. No queríamos esa vida para nuestros hijos”, dice Víctor.
En diciembre de 2021, cruzaron la frontera con su bebé en brazos, con la esperanza de conseguir asilo en Estados Unidos.
Rechazo al asilo y años de vigilancia
Aunque denunciaron las amenazas en Honduras, un juez de inmigración negó su solicitud de asilo en 2023, argumentando que no había pruebas suficientes del peligro.
Fueron incluidos en el ISAP: primero los monitorearon con una app, luego con grilletes electrónicos.
“Dos años así. Nunca fallamos a una cita. Todo lo hicimos bien”, recuerda Víctor. Pero la fidelidad al sistema no evitó la caída.
Condiciones inhumanas
Víctor dice que su esposa lleva más de una semana en Burlington sin acceso a una ducha, durmiendo en el piso, apenas comiendo.
La situación no es nueva. Las condiciones del centro las denunció recientemente un estudiante brasileño, detenido cuando iba a una práctica de voleibol.
ICE asegura que las instalaciones tienen todo lo necesario. Sin embargo, congresistas de Massachusetts que visitaron el lugar aseguran que no es apto para estancias de más de 24 horas: sin ventanas, sin duchas, sin condiciones dignas.
La lucha legal
El 10 de junio, un juez federal suspendió temporalmente la deportación de Yury, prohibiendo su traslado hasta una audiencia este 13 de junio.
Mientras tanto, la familia hondureña corre contra el tiempo. Un amigo presentó la petición legal inicial. Ahora tienen un nuevo abogado, pero el futuro sigue en suspenso.
Víctor firmó una declaración para que su cuñada, ciudadana estadounidense, pueda cuidar a los tres niños si ICE decide deportarlos a ambos.
El mayor de los hijos ingresó como menor no acompañado; el más pequeño nació en Estados Unidos; la niña de cinco años, sin papeles, es quien más podría perder.
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“Solo pedimos una oportunidad”
“No somos criminales”, insiste Murillo-Ávila. “Sabemos que estamos aquí ilegalmente, pero vinimos pidiendo una oportunidad legal. Entramos y solicitamos asilo porque nos perseguían. En este país creímos que nos protegerían”.
Entre la esperanza y la incertidumbre, entre la fe y la angustia, esta familia hondureña se aferra a lo que les queda: el deseo de quedarse unidos, lejos de la violencia que los obligó a huir.
Mientras el reloj avanza y se acerca la fecha límite que ICE impuso, Víctor cuida de sus hijos solo, sin saber si mañana tendrán que empacar sus vidas para volver a un país donde el peligro no desaparece.
La batalla legal por la hondureña es más que una defensa jurídica: es el clamor desesperado de una familia que solo pide lo que muchos ya tienen: el derecho de vivir sin miedo.
