El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado este lunes al Estado hondureño para que garantice el derecho a la vida, integridad y seguridad de los menores recluidos en el Centro Pedagógico de Internamiento (CPI) Nuevo Jalteva, ubicado en Cedros, Francisco Morazán.

La organización también lamentó el fallecimiento de los dos adolescentes en el Centro Nuevo Jalteva en la última semana, al tiempo que envió sus muestras de solidaridad a los familiares.

De igual forma, exhortó al Estado para que se les asegure atención psicoterapéutica a los jóvenes. Además,, exigió que todas las intervenciones por parte del Estado deben de fundamentarse en la ley, para evitar cualquier acto de represión y arbitrariedad y asegurando su protección.

Con respecto a la implementación del Plan de contingencia que el Consejo Directivo del Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores (INAMI) anunció que el CPI deberá contar con condiciones de seguridad para los internos.

Hay que asignar equipos multidisciplinarios en Nuevo Jalteva

La Unicef alertó que es de carácter urgente que el Estado asigne a la brevedad equipos multidisciplinarios suficientes para asegurar la atención de los adolescentes vinculados con el sistema de justicia penal.

De igual manera, indicó que es necesario ampliar el personal de custodia especial capacitado para fortalecer la seguridad en todos los centros.

Para evitar que se continúe dando este tipo de casos, Unicef reiteró la necesidad de que a la brevedad se apruebe la propuesta de Policía Nacional de Justicia para Adolescentes.

View post on X

Muerte de menores

Un adolescente de 16 años murió en las últimas horas en el Centro Nuevo Jalteva, con lo que suman dos los menores bajo custodia del Estado que fallecen en menos de una semana en ese establecimiento.

Hace cinco días se reportó la muerte de otro menor de apenas 13 años de edad, quien fue encontrado muerto en el interior del centro de rehabilitación 

Con la muerte de estos dos jóvenes ya son al menos 24 niños que han muerto bajo custodia del Estado de Honduras entre 2010 y 2024, según la representante de sociedad civil.