Hacen hincapié en abordar el desplazamiento forzado causado por maras y pandillas, subrayando la urgencia de evitar politizar la realidad migratoria. "La implementación de una política integral para atender a las poblaciones migrantes es crucial; es una deuda pendiente", subraya Karen Valladares, coordinadora nacional de Cristosal en Honduras.

En el transcurso del año 2023, retornaron a Honduras casi 49,000 hondureñas y hondureños que tomaron la decisión de emigrar debido a las condiciones económicas y la falta de oportunidades y de empleo.

Asimismo, el país registró cifra significativa que superará los 500,000 migrantes que han transitado por el territorio en este año y que plantea, desafíos porque como país. "Nos encontramos fuera de la circunstancia habitual para atender tanto a quienes están en tránsito como a quienes retornan", dice Valladares.

"Es crucial mantener el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, quien durante su campaña expresó la intención de desarrollar una política integral para atender a las poblaciones migrantes. Esta es una deuda pendiente que esperamos se aborde en el 2024, estableciendo mesas de diálogo y mecanismos de trabajo conjunto", pide la coordinadora de Cristosal.

Seguridad jurídica

Raúl Pineda Alvarado, analista, es del criterio que el tema de la seguridad jurídica que derive en una seguridad económica, es clave para atender el tema migratorio.

"Hay que evitar que la quinta parte de los hondureños que se encuentra viviendo en los Estados Unidos, sigan huyendo de las condiciones de precariedad económica e inseguridad humana que priman en Honduras", señala.

Asegura que, en el ámbito migratorio, Honduras está prácticamente compitiendo con Venezuela y otros países que tienen regímenes autoritarios.

"Es verdaderamente vergonzoso, el Gobierno debe atender a su gente. Llegó la hora que la presidenta cumpla las promesas que dio en campaña", sostiene el analista.

Mesas de diálogo

Desde las organizaciones defensoras de migrantes plantean que el Gobierno debe promover mesas de diálogo, que incluya a demás a gobiernos locales y comunitarios.

Es esencial el papel que pueden desempeñar las alcaldías para abordar las necesidades a nivel comunitario. También será crucial una revisión exhaustiva de las estrategias para atender a los hondureños tanto en Estados Unidos, como en España", destaca Karen Valladares.

El hecho que los migrantes sostengan el Producto Interno Bruto (PIB), en remesas, obliga al Gobierno a dar un mejor trato a los connacionales.

"Es imprescindible seguir llevando a cabo acciones conjuntas para garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes. Esto incluye a la población que transita por el país, a quienes huyen, a quienes retornan y, de manera más grave, a los hondureños expuestos en algunas regiones que son afectados por el conflicto armado", denuncia Valladares.

La pobreza, la inseguridad y la violencia generalizada han ocasionado un significativo desplazamiento de personas, también influenciado por el narcotráfico.

Esto indudablemente resalta la urgencia de desarrollar políticas integrales con un enfoque en los derechos humanos y una perspectiva de género.

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