No son cifras frías. Son nombres, comunidades y luchas que quedaron a medias. En Honduras, defender la tierra y el ambiente no solo incomoda: mata.
En la última década, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados, y en el 92% de los casos nadie ha respondido ante la justicia.
El dato no aparece aislado, lo documenta el informe “Entre la ley y el abandono”, elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) junto a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Es un retrato incómodo de un país donde proteger la tierra puede convertirse en sentencia de muerte.
El patrón no es difuso. Tiene territorio, donde el departamento de Colón encabeza la lista con 38 asesinatos, seguido de Yoro con 20 y Atlántida con 14. Juntos concentran el 65% de las muertes violentas de defensores ambientales que luchaban por defender la tierra.
No es casualidad: son zonas marcadas por disputas por la tierra, intereses económicos y una institucionalidad que llega tarde o no llega.
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Honduras: alto riesgo para quienes buscan defender la tierra
Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, lo resume sin rodeos: "En Honduras, defender la tierra y el territorio es una actividad para valientes. Y no por romanticismo, sino por supervivencia".
Los datos lo respaldan. Organismos internacionales colocan al país entre los más peligrosos del mundo para quienes alzan la voz por el ambiente. No es solo violencia; es un sistema que no logra, o no quiere, protegerlos.
Más de un centenar de personas que denunciaron abusos, conflictos territoriales o daños ambientales ya no están.
Sus muertes ocurrieron en contextos de desigualdad, tensiones sociales y una institucionalidad débil que no logra anticiparse ni reaccionar.
Impunidad: el silencio que perpetúa la violencia
Pero el problema no termina en los asesinatos. Empieza después, cuando los expedientes se enfrían, cuando las investigaciones se quedan en la superficie, cuando el miedo se instala en las comunidades.
El informe advierte que no basta con investigar los hechos como eventos aislados. El Estado debe entender el contexto: quiénes estaban en conflicto, qué intereses estaban en juego, qué denuncias existían antes de que ocurriera la violencia.
Sin ese enfoque de derechos humanos, no solo se pierde la verdad. Se pierde la posibilidad de prevenir. Y lo que no se previene, se repite.
El país que no protege a quienes lo defienden
Cada caso sin resolver envía un mensaje claro: se puede matar a quien defiende el ambiente y no pasa nada. Esa es la verdadera herida. Ejemplos hay muchos, entre ellos el de Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa.
Mientras el país discute desarrollo, inversión y crecimiento, hay comunidades que entierran a quienes intentaron proteger ríos, bosques o tierras. Y lo hacen sabiendo que la justicia, casi siempre, no llegará.
Porque en Honduras, hoy, la defensa del ambiente no solo es una causa. Es un riesgo. Y, demasiadas veces, una condena.
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