El titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, se pronunció este martes sobre la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la cual asegura la existencia de una red de corrupción dentro de esa dependencia del Estado.
La denuncia, publicada más temprano con el informe titulado "El Negocio de Gobernar", señala que entre 2022 y 2023 se habría producido un mal manejo de más de 103 millones de lempiras.
El informe del CNA detalla que funcionarios de la SGJD, supuestamente, habrían operado junto con familiares, particulares y organizaciones no gubernamentales (ONG) para beneficiarse de fondos públicos destinados a proyectos comunitarios.
Además, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que el propio Vaquero habría autorizado que parte de esos fondos fueran administrados por el Poder Legislativo, lo que, según la institución, generaría un esquema de corrupción y clientelismo.
Sin embargo, Vaquero rechazó categóricamente las acusaciones durante su intervención en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5, afirmando que la repetición del caso por parte del CNA tiene fines sensacionalistas.
"Nosotros solamente hacemos la gestión administrativa y no tocamos ni un recurso. Me preocupa la mal intención cuando dice que el ministro se aprovechó. Y es tendenciosa la noticia. Han querido poner mi nombre en titulares para generar escándalo", declaró.
El funcionario explicó que, según los documentos del CNA, fue una gerente administrativa quien manejó y operó los fondos cuestionados, mientras que el ministro actúa bajo las atribuciones que le otorga la ley administrativa, delegando funciones a ciertos funcionarios para garantizar el seguimiento correcto de los proyectos.
"El ministro no tiene responsabilidad directa porque actuamos en función de la ley, con procedimientos claros y autorizaciones presupuestarias", agregó Vaquero.
El papel de las ONG's
Vaquero calificó la acusación de “falacia”, destacando que la SGJD no autoriza, audita ni utiliza recursos externos fuera del Presupuesto General del Estado, y que todas las acciones se realizan en cumplimiento de la ley.
En cuanto a la selección de ONG, acusada de favorecer intereses políticos, el ministro aseguró que estas organizaciones son elegidas por el Congreso Nacional y que la ejecución de los proyectos se realiza a través de municipalidades, con seguimiento de Gobernación y auditoría de entidades como el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Finanzas.
"Estamos fuera del contexto de mal manejo de fondos; nuestro rol es de supervisión administrativa", puntualizó.
La respuesta del ministro surge en medio de un clima de tensión política, donde el CNA ha reiterado que la supuesta red de corrupción afectó proyectos destinados a comunidades vulnerables; mientras el funcionario asegura que su gestión se limita estrictamente a la administración y supervisión administrativa de los recursos estatales.
