Aseguran que dicho veto del Ejecutivo fue utilizado como "moneda de cambio" o medida política para amortiguar la valoración ciudadana de la oposición política tras la polémica acción de sancionar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Fue precisamente la moneda de cambio que utilizaron para intercambiar el CAF por esta ley de prevención de embarazos adolescentes. ¿Qué significa esto?, que seguimos siendo la moneda de cambio de los sectores políticos de este país y no lo vamos a permitir", dijo una representante de la EDD Honduras.
La suspicacia surge también al considerar que dicha ley fue vetada y recibida por la presidencia del Congreso Nacional desde el pasado 17 de marzo. Sin embargo, su divulgación pública esperó el momento de sanción ejecutiva de la adhesión al CAF.
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La proyectista de la Ley y vicepresidenta del Legislativo, Scherly Arriaga, se muestra ahora a favor de la decisión tomada por la presidenta Xiomara Castro. Además, niega que se trate de una jugada política y ratifica trabajar en las enmiendas sugeridas.
"No podemos caer tampoco en la desinformación de esa manera. Entendemos perfectamente la decisión de la presidenta, si escuchó a un sector que estaba desconforme es comprensible que ella quiera llegar a acuerdos", manifestó Arriaga.
El veto presidencial se justifica en que la ley adolece de una respuesta adecuada a los valores propios de la educación del hogar y se aleja de las demandas de padres de familia, científicos y médicos.
El documento también señala como necesario, integrar a los diferentes sectores en la formulación, definición e implementación de la ley, por lo que deberá reformularse con una amplia socialización, para que posteriormente sea aprobada nuevamente por el pleno.
Controvertida ley
La ley era fuertemente cuestionada por diversos sectores del país porque el Congreso Nacional (CN) la aprobó sin previo consenso, con la dispensa de dos debates con 57 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones.
El proyecto que fue introducido al CN por Arriaga y buscaba "garantizar la enseñanza de la educación integral de prevención del embarazo adolescente basada en enfoque de derechos".
Según el CN, la normativa ya vetada iba a "brindar información precisa, actualizada y adecuada a cada etapa del desarrollo de los menores acerca de los distintos aspectos involucrados con la sexualidad".
Pero los críticos de la ley manifestaron siempre que lo que se pretendía era dar enseñanza a los niños y jóvenes sobre la ideología de genero, lo que va en contra de la organización de las familias.
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