Cuatro ciudadanos vietnamitas que habían sido requeridos por el Ministerio Público (MP) en Roatán, Islas de la Bahía, bajo sospecha de falsificación de pasaportes, quedaron en libertad luego que un juez declarara la nulidad del proceso por no contar con un intérprete en su idioma.

Según explicó el portavoz del MP, Selvin Fernández, la defensa alegó que los detenidos no comprendían los términos legales del proceso, ya que no se disponía de un perito que hablara su idioma.

"Un juez, ante la petición de la defensa de los sospechosos, les ha otorgado la nulidad del proceso ya que no se contaba con un perito que hablara el idioma de estas personas y la defensa alegó que no entendían el proceso correspondiente", detalló.

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Fernández indicó que encontrar un intérprete de ese idioma en el país no es tarea fácil. Aunque se intentó recurrir a herramientas tecnológicas para traducir los términos legales, los jueces no validaron ese mecanismo como procedimiento formal.

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El caso se originó luego que el MP presentara un requerimiento fiscal por presuntas anomalías en los pasaportes de los extranjeros, señalando que podrían ser documentos falsificados y que el hecho estaría vinculado con redes de facilitación o tráfico de personas.

En un comunicado oficial, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct) informó recientemente sobre la intervención realizada en Roatán relacionada con una menor extranjera de origen asiático.

Preliminarmente no se determinó la existencia del delito de trata de personas, pero sí se investiga un posible tráfico ilícito de personas derivado de documentación presuntamente falsificada.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades conforme a ley.

Aunque los cuatro vietnamitas quedaron en libertad tras la nulidad del proceso, Fernández aclaró que permanecen bajo resguardo de la Policía Nacional, ya que Migración no se ha hecho responsable y aún no está definido qué institución debe velar por ellos.

La situación jurídica de estas personas sigue en revisión, mientras el Ministerio Público presentará una apelación.