La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya se encuentra vigente en Honduras una amnistía para las personas y entidades que mantienen obligaciones pendientes por responsabilidad civil derivadas de procesos de fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El beneficio permite que los interesados paguen únicamente la obligación principal y elimina intereses moratorios, multas, recargos y otras sanciones relacionadas con la deuda.
El Congreso Nacional estableció esta medida mediante el Decreto Legislativo 148-2026, publicado el 14 de agosto de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta. La normativa tendrá una vigencia de cuatro meses.
¿Quiénes pueden acogerse a la amnistía?
La medida alcanza a personas naturales, personas jurídicas y todas las instituciones de la Administración Pública que mantengan obligaciones pendientes por responsabilidad civil hasta el período 2025.
Estas obligaciones deben surgir de procesos de fiscalización que realizó el Tribunal Superior de Cuentas.
El beneficio también alcanza a quienes mantienen expedientes en trámite, investigación, ejecución o gestión de cobro ante el TSC.
Asimismo, pueden acogerse quienes ya tienen casos en manos de la PGR para acciones legales o administrativas.
Los interesados podrán cancelar directamente el capital o suscribir un plan de pago con el TSC o la Procuraduría, según corresponda.
¿Qué pagos elimina la amnistía?
La disposición establece que el obligado deberá cumplir con el pago de la deuda principal. A cambio, las autoridades eliminarán los intereses, multas y recargos correspondientes una vez que la persona o institución cumpla con el pago o con las condiciones del plan acordado.
Después del cumplimiento, las instituciones deberán actualizar los registros correspondientes para reflejar la regularización de la obligación.
De esta manera, quienes mantienen una responsabilidad civil podrán reducir el monto total que deben cancelar al Estado al quedar libres de los cargos adicionales acumulados.
¿Hasta cuándo estará vigente la amnistía?
La PGR indicó que los interesados tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para acogerse al beneficio.
La institución también señaló que los planes de pago que los obligados suscriban dentro del período de amnistía podrán extenderse hasta el 2 de febrero de 2030 como fecha máxima para completar la cancelación.
Sin embargo, quienes quieran acceder a la condonación deberán iniciar el proceso antes de que finalice el período establecido en diciembre.
La PGR llamó a las personas, empresas e instituciones que mantienen estas obligaciones a acudir a sus instalaciones y regularizar su situación dentro del plazo disponible.
El Decreto 148-2026 señala que la medida busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y facilitar la recuperación de recursos públicos a favor del Estado.
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