Carl Zaglin, un empresario de Georgia y director ejecutivo de la compañía Atlanco, fue declarado culpable en Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios hondureños a cambio de contratos para dotar de uniformes a la Policía Nacional.
La decisión se dio tras dos semanas de juicio y apenas seis horas de deliberación, en las que el jurado lo responsabilizó de tres cargos: violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos de conspiración.
El fallo coloca a Zaglin frente a la posibilidad de pasar décadas en prisión y marca un precedente, pues fue el primer caso que llegó a juicio después de la pausa temporal que el presidente Donald Trump ordenó sobre la aplicación de la FCPA.
El caso lo reseñó durante todo el proceso judicial el periodista Samuel Rubenfeld, especialista en cubrir juicios de corrupción bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Cómo operó el esquema de sobornos de Zaglin
De acuerdo con los fiscales, Zaglin no actuó solo. Contó con la complicidad de un banquero radicado en Miami, un socio comercial ya fallecido y su vicepresidente de ventas.
Juntos diseñaron la estrategia para canalizar pagos ilegales a funcionarios hondureños, lo que permitió adjudicarle dos contratos valorados en 10,5 millones de dólares.
Aunque intentaron una tercera licitación en 2019, esta no prosperó. Sin embargo, el dinero abrió puertas en Honduras y aseguró millones en ganancias para la empresa de Zaglin.
Testigos clave que confirmaron los pagos
El jurado escuchó el testimonio de piezas fundamentales en la trama de sobornos. El banquero, Aldo Marchena, acusado junto con Zaglin, se declaró culpable a inicios de este año.
El exvicepresidente de ventas Luis Berkman, también reconoció en 2021 su rol en un esquema paralelo de corrupción vinculado a la venta de gas lacrimógeno en Bolivia.
Incluso, el hijo de este último declaró cómo había participado en las negociaciones iniciales de los contratos en Honduras, confesando luego su culpabilidad en el caso boliviano.
A ellos se sumó la confesión Juan Ramón Molina, exfuncionario hondureño, quien admitió que recibió dinero ilícito para facilitar la adjudicación de los contratos.
Una defensa que no convenció
La defensa de Zaglin intentó desligarlo de la red de sobornos, argumentaron que el empresario actuó siguiendo el consejo de sus abogados sobre los contratos en Honduras.
Sin embargo, el peso de los testimonios, los documentos presentados y las confesiones de los implicados cerraron el camino para su absolución.
Este caso pone bajo la lupa internacional la vulnerabilidad institucional de Honduras. El testimonio de Molina que aceptó recibir pagos ilegales confirma la profundidad de la corrupción que afecta a las fuerzas de seguridad.
El veredicto contra Zaglin no solo desnuda la responsabilidad de un empresario extranjero, sino también la complicidad de funcionarios hondureños.
Esos funcionarios permitieron que millones de dólares en contratos fueran negociados bajo la sombra de los sobornos.
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El veredicto
El veredicto ya se emitió, y ahora el proceso continuará con la audiencia de sentencia, programada para el 3 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m.
El nombre de Carl Zaglin quedará inscrito en la lista de empresarios condenados por corromper funcionarios en países con instituciones débiles.
Su caso ilustra cómo los sobornos cruzan fronteras y cómo la justicia internacional puede alcanzar a quienes se benefician del dinero sucio.
Mientras Honduras intenta limpiar la imagen de la Tasa de Seguridad, el eco de este juicio muestra que los uniformes, terminaron siendo manchados por corrupción.
