Las mataron bajo la complacencia del Estado.

La relatora de la ONU conoció durante su visita, la denuncia acerca de uno de esos medios.

En Honduras la violencia en línea escala cada vez sus formas de expresión en un contínuum que busca restar voces al debate público.

Dos casos siguen evidenciando el estado de indefensión de las mujeres en Honduras: el crimen de Keyla Martínez y la barbarie en contra de 46 privadas de libertad en el centro penal femenino en Támara, Francisco Morazán.

Esa violencia hacia la mujer va en escalada y en diversas manifestaciones. La de Hazel Michelle es parte de las estadísticas de maltrato que registran los organismos de mujeres como el CDM.

La violencia contra las mujeres y los menores no sale de la agenda mediática y del país porque la epidemia es imparable.

Ha pasado un mes de la barbarie cometida en la cárcel de mujeres en Támara, donde 46 privadas de libertad perdieron la vida sin que se sepa a ciencia cierta las motivaciones.

La noticia fue explosiva y de dimensiones inimaginables: una barbarie se registraba en el centro penal de mujeres en Támara, Francisco Morazán, con un saldo trágico de 46 privadas de libertad asesinadas, unas a balazos, otras, calcinadas en un incendio que no pudo controlarse.

En un sangriento fin de semana, de esos a los cuales nos estamos acostumbrando, cuatro mujeres fueron asesinadas en diversos puntos del país por situaciones desconocidas.

La desinformación también se suma a estos ataques sistemáticos con el propósito de descalificar, provocar daño, manipular la información, “eliminar” a quien estiman opositor o les “cae mal”.

La misión de la CIDH si bien saluda algunas acciones a favor de la mujer y sus derechos sexuales reproductivos que ha impulsado el gobierno de la presidenta Castro.

¿Y dónde están las mujeres dentro de esa política?, es la pregunta obligada, pues en los renglones enunciados por el gobierno la violencia contra las mujeres no se encuentra dibujada.