El Instituto Nacional de Migración (INM) aclaró que el incremento de 40 dólares (985 lempiras aproximadamente) que se aplicó a la sanción administrativa que deben pagar los migrantes que ingresan de forma irregular a Honduras se hizo tras el aumento al salario mínimo.

Según explicó por medio de un comunicado, este cobro está cuantificado por salarios mínimos, lo que significa que al incrementar el pago de los trabajadores automáticamente repercute en la sanción gubernamental.

Lo anterior está establecido en la Ley de Migración y Extranjería, en sus artículos 100, 101, 102 y 103, sostuvo el INM, que también aclaró que el aumento de casi mil lempiras no es una disposición emitida por esta institución del gobierno.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, sus autoridades ya están en busca de soluciones para revisar la Ley en mención. Así como otros mecanismos que beneficien a los migrantes que pasan por Honduras.

"La administración actual ha hecho gestiones para fortalecer los Derechos Humanos de los migrantes, priorizando la atención a los grupos más vulnerables", explica.

Comunicado del Instituto Nacional de Migración.

¿Cuánto pagan los migrantes que ingresan a Honduras?

Las personas que ingresan a Honduras de forma irregular, es decir, por puntos no autorizados, deben hacer un pago considerado como una "sanción", el cual consta de 5,790 lempiras (unos 235 dólares).

Los mismos extranjeros indocumentados confirmaron y lamentaron el incremento al pago que se hizo. Antes de que se aplicara el aumento, la multa era de 4,800 lempiras por persona.

Aumento sanción para migrantes
El flujo de migrantes en Honduras ha incrementado en los últimos meses.

En ese sentido, la comisionada del Conadeh, Blanca Izaguirre, lamentó que, pese a la crisis migratoria que vive actualmente Honduras, se haya aplicado el incremento de casi 1,000 lempiras a la sanción administrativa contra los migrantes indocumentados.

Izaguirre consideró que esta era una medida desfavorable para los migrantes, ya que por su "precaria situación económica no pueden hacer el pago de la sanción administrativa que el gobierno de Honduras impuso".

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