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La Corte Suprema de Estados Unidos decidió estar a favor de los estados de aplicar leyes penales a los inmigrantes indocumentados y otras personas que no tienen permisos de trabajo, pero utilizan documentos falsos o robados.
Los jueces se basaron en el caso sobre Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa-Lara, quienes habrían supuestamente proporcionado a sus empleadores números de Seguro Social que les pertenecían.
Por lo tanto, tuvieron que enfrentar un proceso de robo de identidad en Kansas, pero una Corte local anuló las condenas en su contra.
El debate entre los jueces para tomar esta determinación se centró en una norma federal de 1986, conocida como la ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), la cual impide a los estados procesar a un ilegal por utilizar documentos falsos para trabajar, por considerarse que no es una ofensa federal.
El delito
Para el juez, Stephen Breyer, no es un delito que un indocumentado trabaje en los Estados Unidos; sin embargo, el uso de documentación falsa o robada, si lo es.
Breyer, agrega que las autoridades federales deberían perseguir este tipo de delito, pero los fiscales estatales no estarían bloqueando ese derecho o interrumpiendo ese proceso.
Las autoridades desempeñaron un papel en los tres casos, y el Gobierno Federal respalda plenamente la posición de Kansas en este Tribunal”.
Stephen Breyer.
Por el caso Kansas vs García, los miembros del máximo tribunal estadounidense señalan que los estados como, Kansas, pueden perseguir indocumentados por proporcionar información falsa a empleadores que posteriormente llenarán el Formulario I-9, el cual es una prueba de que esas personas tienen autorización de empleo.
La defensa de los inmigrantes argumentó el juicio que los fiscales estatales no estaban facultados para confirmar el fraude de los acusados, pero los jueces rechazaron este argumento.
“Dejar a los estados procesar a esas personas por lo primero (fraude) es, en efecto, práctico”, finalizó Breyer.
