La Cancillería hondureña argumentó que estas legislaciones, al "criminalizar la migración", inducirían al retorno forzado de los migrantes, poniendo en entredicho las normas internacionales.

Además, señalaron la ausencia de un acuerdo de readmisión con México, competencia propia de las autoridades federales estadounidenses.

En su pronunciamiento, el Gobierno hondureño reconoció "el legítimo derecho de cada país a salvaguardar sus fronteras".

Sin embargo, subrayó la obligación de "proteger a los connacionales que residen en el exterior, con el objetivo de preservar sus derechos y garantías".

Relaciones Exteriores enfatizó que el retorno de los compatriotas "debe regirse por el principio del debido proceso y respetar de manera irrestricta los estándares internacionales de derechos humanos".

Como última instancia, se emitió un llamado respetuoso al estado de Texas, Estados Unidos, instándolo a "reconsiderar las medidas aprobadas que afectan negativamente a la población migrante".

El pasado 23 de septiembre, en McAllen, Texas, la presidenta Xiomara Castro se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para abordar diversos aspectos relacionados con el tema migratorio, buscando soluciones conjuntas y cooperación entre ambas naciones.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2023, han sido deportados desde Estados Unidos 34,641 hondureños, un 13.92 % menos que los 40,241 que fueron deportados en el mismo periodo de 2022.

¿Qué son las leyes SB3 y SB4?

Recientemente, la Cámara de Representantes y el Senado de Texas aprobaron dos leyes consideradas antiinmigrantes. La SB3 destina 1,500 millones de dólares para dar continuidad a la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Por otro lado, la SB4 otorga a las autoridades policiales de Texas la autoridad para realizar detenciones, mientras que los jueces pueden emitir órdenes para expulsar hacia México a los considerados infractores. Esta última tipifica la entrada ilegal a Texas como un delito.

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