Los inmigrantes a pesar de ser una de las minorías más afectadas por la pandemia de covid-19 en los Estados Unidos, se abstienen de recibir las ayudas económicas aprobadas por el Congreso, ya que en el futuro podría afectarles sus trámites de regulación de estatus legal sin son considerados una “carga pública”.

Cabe recordar que la administración Trump permite negar la residencia a los extranjeros que hayan recurrido a servicios públicos para alimentos, alquiler, salud, entre otros más por un tiempo determinado.

A inicios del año el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación por parte del gobierno estadounidense de la norma de inmigración, según la cual puede negarse la “green card” (tarjeta verde) a todo aquel que use los servicios o llegue a ser considerado una carga pública para el sistema.

Con el anuncio de aplicación de la norma, conocida como “carga pública”, y antes de que entrara en vigencia, “más de uno de siete adultos de familias migrantes indicó que él o alguien de su familia se ha detenido de solicitar ayuda gubernamental de los subsidios en efectivo que otorgan las autoridades federales.

El Medicaid

Entre los programas de subsidio que están evitando los inmigrantes está el destinado al cuidado de la salud para personas de bajo recursos conocido como el Medicaid.

También el programa sanitario para niños (CHIP, en inglés), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda.

En el periodo del 2018 al 2019 se incrementó del 21.8 por ciento al 31 por ciento el efecto disuasorio entre los adultos que conforman las familias de inmigrantes, en la cuales un miembro no es un residente permanente; este grupo es el más propenso en ser afectado directamente por la norma cuando tengan que solicitar la residencia en un futuro.

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