La emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-19) que vive actualmente México, ha colocado a miles de migrantes en un grave peligro, muchos de ellos del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero lo que agrava la situación son las acciones y omisiones del Estado mexicano que han vulnerado los derechos de los migrantes en condición de asilados.

Un informe presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado “Propuesta de rutas alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del covid-19”, indica que al menos 100 mil migrantes se han quedado varados en México debido al brote de la pandemia, muchos de ellos son migrantes que viajaron en caravanas masivas desde el 2018.

A pesar de las acciones recientemente anunciadas por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), para salvaguardar la integridad de los migrantes, la autoridad migratoria ha sido omisa en garantizar condiciones adecuadas de atención de los migrantes que son detenidos en México, y en prevenir el riesgo de contagio.

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El informe indica, además, que en México hay unos 100 mil migrantes en riesgo ante la pandemia, entre ciudadanos mexicanos y centroamericanos que han sido deportados de Estados Unidos, ciudadanos detenidos por las autoridades migratorias mexicanas y solicitantes de asilo que están esperando la resolución de sus casos en diferentes partes de México, de acorde a información difundida por La Jornada.

Organizaciones de derechos humanos exigen proteger a los migrantes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió una respuesta de las autoridades mexicanas del porqué se impide garantizar los derechos vulnerados de los migrantes en México, con estrategias o acciones dispersas para atender a las personas migrantes en condición de riesgo ante la pandemia.

Lo anterior debido a que las autoridades mexicanas han repatriado a migrantes presentes en el país sin existir condiciones para ello por el cierre de fronteras, o forzado a migrantes a desplazarse en México con el objetivo de encontrar un camino informal a sus países de origen.

Las organizaciones exigieron a implementación de un programa que asegure la regularización migratoria de las personas que lo requieran para tener acceso a otros derechos y servicios, además de evitar el riesgo de detención y deportación; y que se de prioridad en la respuesta a aquellas personas en situación de riesgo, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niñas y niños.

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