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Un estudio publicado este martes reveló que desde que entró en vigencia la prohibición de otorgar licencias de conducir a indocumentados en Nueva York, se incrementó el aislamiento y con él los riesgos a la salud de los indocumentados y sus familias que residen en este estado.
De acuerdo con el informe de la agencia EFE, desde los atentados que sufrió esa ciudad en 2001 hasta enero del 2020 autoridades estatales exigían el número de seguridad social a los que solicitaban un carné de conducir y el registro de un carro.
Las normativas impidieron que los indocumentados pudieran hacer esos trámites y como resultado migrantes que son trabajadores agrícolas en el oeste y centro de Nueva York se “hallaron atrapados”, menciona la agencia española.
El estudio que lleva como nombre “Condenados si manejas y condenados si no lo haces” del Departamento de Antropología de la Universidad pública del estado de Nueva York (SUNY), arrojó que los migrantes aún continuaron conduciendo de forma ilegal.
El antes referido estudio, además, demostró que los inmigrantes- en su mayoría latinos- se vieron afectados y tuvieron que enfrentarse a la distancia entre fincas y el centro de los pueblos.
También que “las condiciones climáticas que no les permitían el uso de transporte alternativo como bicicletas y la falta de transporte público en la zona rural”, refiere.
Por otro lado el informe también descubrió que los migrantes se las ingeniaban para poder cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, visitar a sus familiares y amigos o servicios médicos.
“Entrevistados dijeron no haber podido conseguir acceso urgente a cuidado médico para sus hijos enfermos y que incluso recurrieron a tomar medicamentos veterinarios en la desesperación de no poder conseguir transporte hacia una instalación médica“, indicaron las autoras del estudio, las profesoras Jennifer Guzmán y Melanie Medeiros.
Según la agencia EFE, la legislatura de Nueva York aprobó por fin -después de muchos esfuerzos- la ley que permite a los indocumentados obtener una licencia de conducir, normativa que entró en vigencia el pasado diciembre.
Los autores del estudio destacaron que la región donde viven estos trabajadores está localizada a unas 100 millas de la frontera con Canadá, donde la Patrulla Fronteriza está autorizada a circular, interrogar y detener a los que se movilicen por el lugar.
Otra evidencia importante del estudio es que agencias locales del orden y agentes cooperan con la Patrulla Fronteriza detienen a los conductores que no hablan inglés.
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