Varios científicos, académicos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por los inmigrantes indocumentados que presenten síntomas de coronavirus.

El temor radica que esta minoría podría no buscar atención medía al temer que puedan ser víctimas de una redada organizada por la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y posteriormente ser deportados.

Por lo tanto, han enviado una carta al vicepresidente, Mike Pence, quien ha sido asignado por el presidente Trump de encargarse de todo lo referente a la emergencia causada por el coronavirus en los Estados Unidos.

Estos sectores le han solicitado al vicepresidente Pence que los hospitales sean considerados como zonas libres de operaciones de inmigración, como se ha realizado en el pasado las emergencias naturales causadas por tornados, huracanes y terremotos.

Solicitudes

“Si las personas tienen miedo de ir a un hospital o de responder a las preguntas de las autoridades de salud pública, entonces corren un riesgo mucho más grande, y también todos nosotros”, dijo Amy Kapczynski, analista de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).

El también académico de la Facultad de Leyes de la Universidad de Yale agregó que es prioridad proteger a las comunidades, por lo que es necesario buscar ayuda y atención médica en caso de presentar síntomas de esta enfermedad.

https://twitter.com/akapczynski/status/1234582990614908929

Hasta el momento se reportan 11 fallecidos y 120 casos confirmados, causando estado de alerta en importantes ciudades como Los Ángeles.

La misiva ha sido firmada por 500 catedráticos de las prestigiosas universidades de Yale, Harvard, Northeastern y Temple.

También, han estampado su rúbrica varios líderes de organizaciones de la salud y religiosas, enfatizando a proteger a los más vulnerables, personal que trabaja en el sector salud, adultos mayores, privados de libertad y personas con enfermedades crónicas.

La carta advierte que, si el gobierno federal no adopta las recomendaciones, podría dañar la salud pública, porque las personas no se sentirán cómodas de buscar ayuda o que respondan las preguntas del personal sanitario que registran los casos de coronavirus.

Los profesionales de la salud están obligados a brindar atención médica a cualquiera persona que llegue a las salas de emergencia sin importar su estatus migratorio.

Además, todos los pacientes están protegidos bajo las leyes de confidencialidad.

Por lo anterior, ningún empleado hospitalario debería notificar a los agentes de inmigración u otorgarle la entrada al personal de ICE.

Dentro de sus políticas se establece la prohibición de llevar a cabo arrestos en hospitales, escuelas, iglesias y otros lugares designados como zonas sensibles.