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El 7 de junio de 2019, tras meses de presenciar un aumento en los índices de migración proveniente de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, a través de México y hacia Estados Unidos, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo comprometiéndose a trabajar juntos para gestionar la migración irregular. Esto marcó el comienzo de un intenso período de cambios políticos e institucionales que está transformando los sistemas de control migratorio y protección humanitaria en México.
Después de ser amenazado con la imposición de aranceles a productos mexicanos, el país acordó incrementar sus controles migratorios, aceptó la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) a lo largo de la frontera México - Estados Unidos, y prometió aumentar su colaboración con los norteamericanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes.
A su vez, Estados Unidos se comprometió a agilizar la resolución de los casos de asilo de migrantes que esperan en México bajo MPP e invertir en esfuerzos de desarrollo económico en el sur de México y Centroamérica para abordar las condiciones que impulsan la migración irregular.
Aunque los efectos completos del acuerdo tardarán años en desarrollarse, un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI - por sus siglas en inglés) examina lo que ha cambiado en el primer año desde su firma.
El informe traza las tendencias en las aprehensiones y repatriaciones de migrantes por parte de las autoridades mexicanas, y el volumen de solicitudes de refugio presentadas en México.
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Además explora los desafíos que se han intensificado durante este período, incluidas las precarias condiciones que enfrentan muchos migrantes mientras esperan en comunidades fronterizas mexicanas durante la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos y la pandemia del coronavirus (covid-19) que se extendió a la región a principios del 2020.
En el transcurso de los 90 días posteriores a la implementación de este acuerdo, la migración irregular en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyó drásticamente, cumpliendo con el objetivo principal del acuerdo.
A finales de septiembre de 2019, el gobierno mexicano desplegó 25 mil tropas de la Guardia Nacional para asistir en la aplicación de controles migratorios, detuvo a 81 mil migrantes y repatrió a 62 mil a sus países de origen.
Las autoridades mexicanas también recibieron a 39 mil migrantes de Estados Unidos bajo MPP, quienes permanecerían en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos, representando más de cuatro veces el número transferido durante los cinco meses entre el lanzamiento de MPP en enero de 2019 y la firma del acuerdo en junio.
Por lo tanto, si bien el enfoque inicial de la administración de Manuel López Obrador al asumir el cargo fue crear vías legales para facilitar la migración ordenada, la presión por parte de Estados Unidos para cumplir con los términos del acuerdo provocó un cambio abrupto hacia un enfoque de control y contención.
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Este aumento en el control migratorio por autoridades mexicanas, en combinación con las políticas unilaterales de Estados Unidos diseñadas para restringir el acceso al asilo en la frontera México-Estados Unidos, ha elevado la demanda de protección humanitaria dentro de México.
Las solicitudes de refugio se duplicaron de forma importante, de 30 mil en 2018 a 71 mil en 2019, y la mayoría se presentó en los meses de verano durante el periodo más alto en el que México endureció su control migratorio.
El aumento en la aplicación de normas y procesos migratorios y en la demanda de solicitudes de la condición de refugiado en México, han expuesto debilidades significativas en los sistemas del país para gestionar la migración y proteger a los migrantes vulnerables.
La Guardia Nacional ha recibido numerosas denuncias de abuso, y los centros de detención están frecuentemente hacinados. A medida que aumentan las devoluciones de migrantes de Estados Unidos a México, un número creciente de ellos viven en campamentos precarios, improvisados y albergues saturados en comunidades a lo largo de la frontera México - Estados Unidos.
Muchos de ellos luchan por acceder a servicios básicos, y algunos se han convertido en un grupo particularmente vulnerable a contrabandistas y grupos criminales debido a la falta de protección del gobierno.
La pandemia del covid-19, que se extendió a la región aproximadamente diez meses después de la implementación del acuerdo Estados Unidos - México, y ha catalizado una mayor cooperación entre ambos países.
Con el objetivo de reducir la propagación del virus, los gobiernos acordaron restringir temporalmente los viajes no esenciales a través de su frontera compartida, y el gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes centroamericanos a quienes se les niega la entrada a Estados Unidos.
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