La Corte de Apelaciones del Noveno Circuto en California, Estados Unidos, ha puesto en duda la constitucionalidad del proceso de detenciones en contra de los migrantes ilegales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE - por sus siglas en inglés).

Lo anterior, debido a que el ICE no justifica ante un juez y dentro de las primeras 48 horas, la causa que motivó la detención, como si lo hacen los demás organismos de seguridad del país norteamericano.

Esta Corte de Apelaciones se basó en un acuerdo denominado La Cuarta Enmienda, que insta a que en un plazo determinado de 48 horas se remitan a las personas detenidas antes un juez para justificar las causas de la detención. Sin embargo, el ICE normalmente retiene a las personas durante semanas antes que un juez evalúe si el ente migratorio tenía una base legal sólida para ejecutar el arresto.

Según detalla El Diario de Nueva York, el tribunal explica que "La Cuarta Enmienda requiere la rápida resolución de la causa probable por parte de un magistrado neutral y distante", y que en cualquier caso, los agentes de ICE no pueden entrar a una vivienda sin una orden judicial o el consentimiento apropiado.

La Corte estimó que las detenciones del ICE se tratan de "una salvaguardia esencial contra la tiranía", pues el acuerdo dentro de la enmienda fuerza a revisar con la mayor brevedad posible si el gobierno tiene causa legal suficiente para quitarle la libertad a una persona.

Pero la Corte también resaltó que el ICE se ampara en que los tribunales estadounidenses tardan meses en dar un resolución para los detenidos, lo que permite que los agentes sean los únicos que revisan sus propias detenciones.

Desde que un migrantes es detenido, hasta su juicio en una Corte Federal, pueden pasar hasta seis meses y durante ese tiempo los detenidos pasan en los centros de ICE, y que probablemente ya no será un centro estatal, sino uno privado y en un área remota.

El Noveno Circuito cree que si el ICE comienza a justificar sus detenciones supondría un desafío importante para los tribunales de inmigración, pues estos se encuentran saturados, incluso antes de la pandemia del coronavirus y en los que ahora se ha normalizado que los casos rutinarios de deportación se alarguen durante años.

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