El Ministerio Público de Honduras presentó el miércoles (9.8.2021) una orden de captura y aseguramiento de bienes en contra de la abogada Jenny Carolina Andrade Lemus por suponerla responsable de lavado de activos que ascienden a más de 14 millones de lempiras, en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según el documento de la Fiscalía, dentro del aseguramiento se encuentra una vivienda en el barrio La Leona en Tegucigalpa, Francisco Morazán, donde tenía domicilio una empresa fantasma, que de acuerdo a las investigaciones, fue utilizada para drenar fondos del IHSS.

También se aseguraron varios lotes de terreno que superan las 15 manzanas, situadas en Siguatepeque, Comayagua, y el congelamiento de tres cuentas bancarias, que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Además, la investigación del Ministerio Público determinó que Andrade Lemus constituyó en el 2008 la empresa Soluciones Técnicas JJ y para el 2011, recibió 36 depósitos provenientes de otras empresas que también habían suscrito contratos con el IHSS.

En ese sentido, la investigación indica que se sustrajeron fondos sin documentación de respaldo, por un monto total que asciende a 14 millones 220 mil lempiras.

Otros implicados

Cabe señalar que por este caso fueron condenados a prisión los ciudadanos Mario Zelaya y José Ramón Bertetty implicados en el desfalco de más de 7 mil millones de lempiras del IHSS.

Vale mencionar que, este caso también abarca al exsubgerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS y prófugo de la justicia, José Alberto Zelaya Guevara, acusado de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, asociación ilícita y lavado de activos.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público ha logrado 20 sentencias condenatorias por el descalabro financiero del que fue objeto el IHSS.

Haciendo un recuento, a Zelaya se le condenó por 10 años en el caso que se conoce por almacenar armas comerciales y de guerra; 15 años de cárcel por abuso de autoridad, fraude y violación a los deberes de los funcionarios en el caso de unos pasajes aéreos.

Asimismo, 16 años por lavado de activos y cohechos pasivos en el caso de coimas; 30 años por un caso de lavado de activos, fraude y abuso de autoridad que tiene que ver con empresas fantasmas; en total son 71 años.

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