El politólogo y analista político catalán Borja Aitor Arriaga lanzó una dura crítica contra la clase política española al asegurar que actualmente existe "más inteligencia en ChatGPT que en el Congreso de los Diputados".
Sus declaraciones se centraron en la falta de rigor que, a su juicio, caracteriza algunas decisiones políticas y en la necesidad de evaluar los resultados de las medidas impulsadas por el Gobierno.
Durante su intervención, Arriaga cuestionó la tendencia a dividir el debate político entre buenos y malos, y sostuvo que la discusión debería centrarse en la utilidad de las decisiones adoptadas por los representantes públicos. En ese sentido, consideró que las políticas deben evaluarse por su eficacia y sus consecuencias, más allá de las intenciones con las que se presentan.
"Estamos dividiendo el Congreso de los Diputados y al resto de la ciudadanía entre buenos y malos", afirmó el analista, quien defendió que la valoración de los dirigentes debería basarse en su capacidad para resolver los problemas de la población.
Asimismo, calificó de ineficaces determinadas políticas de vivienda y criticó la aprobación de reales decretos que, según su análisis, no ofrecen soluciones equilibradas para los distintos sectores involucrados.
Para Arriaga, la política debe priorizar las medidas que produzcan resultados concretos, en lugar de quedarse en los discursos y las promesas.
Junts per Catalunya rechaza los reales decretos sobre vivienda
Uno de los principales puntos abordados por Arriaga fue la posición de Junts per Catalunya frente a los reales decretos relacionados con la vivienda. Según explicó, la formación considera que las propuestas no protegen adecuadamente ni a los pequeños propietarios ni a las personas que buscan una vivienda en alquiler.
El analista describió estas iniciativas como medidas que no resuelven de manera efectiva los problemas del mercado inmobiliario. Desde su perspectiva, una política de vivienda debe contemplar los intereses de los propietarios y de los inquilinos, puesto que ambos forman parte de una misma realidad económica y social.
En este contexto, Arriaga defendió la postura de Junts de no respaldar propuestas que, a su juicio, carecen de suficiente rigor técnico. También cuestionó que las decisiones legislativas se justifiquen únicamente por sus objetivos declarados, sin demostrar previamente que pueden alcanzar los resultados esperados.
«No se puede votar algo en función de su intencionalidad», sostuvo durante su intervención. Con este argumento, insistió en que las buenas intenciones no garantizan que una medida sea eficaz y que las iniciativas públicas deben someterse a una evaluación seria antes de convertirse en normas.
El analista reclama estudios de costo-beneficio para las políticas públicas
Arriaga también puso el foco en la necesidad de que las administraciones evalúen las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones. Para respaldar su argumento, mencionó la obligación de elaborar una memoria de análisis de costo-beneficio, un instrumento que permite estudiar el impacto de las medidas antes de su aplicación.
A su juicio, este tipo de evaluación resulta fundamental para determinar si una propuesta realmente contribuye a solucionar un problema o si, por el contrario, puede generar efectos negativos para los ciudadanos. Por ello, cuestionó que se impulsen iniciativas legislativas sin que sus beneficios, costos y posibles consecuencias estén suficientemente justificados.
El politólogo recurrió a una comparación médica para explicar su postura: señaló que, si un paciente es alérgico a la penicilina, administrarle ese medicamento no resolverá su problema, aunque la intención sea ayudarlo. Con esta analogía, defendió que las políticas públicas deben adaptarse a las necesidades reales de la población y no únicamente a los objetivos políticos de quienes las promueven.
En consecuencia, insistió en que el debate legislativo debe apoyarse en datos verificables, evaluaciones técnicas y resultados medibles. De lo contrario, advirtió, existe el riesgo de aprobar medidas que parecen adecuadas en el discurso, pero que no responden eficazmente a las necesidades de la sociedad.
Borja Aitor Arriaga cita cifras sobre la ley de dependencia
Durante su intervención, Arriaga también cuestionó la aplicación de la ley de dependencia y utilizó cifras que atribuyó a personas fallecidas mientras esperaban recibir las prestaciones correspondientes.
Según los datos que mencionó, en Cataluña habrían muerto 4.300 personas en lo que va de 2026 mientras aguardaban una respuesta, mientras que en el conjunto de España la cifra ascendería a 265.000.
El analista atribuyó esta situación a problemas de planificación y presupuestación, y señaló que una legislación puede establecer derechos sobre el papel, pero su efectividad depende de que existan los recursos necesarios para cumplirlos.
De esta manera, vinculó las dificultades de aplicación de la ley con su crítica general a las políticas públicas que no cuentan, según él, con una planificación adecuada.
No obstante, las cifras mencionadas durante la intervención requieren contrastarse con fuentes oficiales para determinar el período al que corresponden, la metodología utilizada y si se refieren exclusivamente a personas fallecidas en listas de espera de la dependencia.
Por tanto, deben entenderse como datos citados por el analista y no como cifras verificadas de manera independiente.
Más allá de esta referencia, el argumento central de Arriaga fue que las administraciones deben garantizar que los derechos reconocidos por la legislación puedan materializarse.
En su opinión, la evaluación de las políticas públicas debe considerar tanto los compromisos anunciados como la capacidad real del Estado para cumplirlos.
¿Quién es Borja Aitor Arriaga? Trayectoria en política y comunicación
Borja Aitor Arriaga es un politólogo, analista político y comunicador catalán que participa habitualmente en debates sobre la actualidad española. Su trabajo como comentarista le ha permitido abordar asuntos relacionados con la política nacional, el independentismo catalán, las decisiones del Gobierno y los principales debates sociales.
Cuenta con formación en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, protocolo y relaciones institucionales, además de estudios de profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con especialidad en Economía. Asimismo, ha cursado formación de posgrado en comunicación corporativa.
A lo largo de su trayectoria, ha ocupado distintos cargos en la Administración pública local y ha trabajado durante cinco años como profesor de Secundaria y Bachillerato en el colegio Padre Manyanet Les Corts, en Barcelona.
Posteriormente, ha desarrollado labores de comunicación institucional para las Escuelas Manyanet y ha prestado servicios externos de comunicación, marketing y gestión de crisis a empresas.
Además, Arriaga es colaborador habitual en espacios informativos y de debate de La Sexta, TV3 y RTVE Catalunya. Sus intervenciones suelen centrarse en la interpretación de la actualidad política y en el análisis de las estrategias de los partidos.
