Un teléfono, un documento de identidad y una fotografía del rostro. La biometría celular está cambiando la manera de obtener y conservar líneas telefónicas en América Latina.
Lo que antes requería presentar una identificación ahora incorpora tecnologías capaces de reconocer características físicas para comprobar quién está detrás de un número telefónico.
Brasil acaba de incorporarse a esta tendencia regional, que también alcanza a México, Perú, Costa Rica y Honduras, aunque cada país aplica mecanismos diferentes.
El propósito es impedir que personas utilicen identidades falsas para activar teléfonos vinculados con estafas, extorsiones y otras actividades ilícitas.
Sin embargo, la expansión del reconocimiento facial abre otra discusión: ¿quién protege los datos biométricos de millones de usuarios y qué ocurre cuando esa información queda expuesta?
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Brasil exigirá biometría celular para mantener líneas activas
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) aprobó una norma que obliga a las compañías telefónicas a incorporar procedimientos de identificación biométrica.
La disposición contempla reconocimiento facial y una prueba de vida, diseñada para verificar que quien solicita el servicio está físicamente presente.
Además, las empresas deberán comparar la información facial con registros biométricos existentes, públicos o de proveedores privados.
La medida alcanzará nuevas activaciones, cambios de tarjetas SIM, portabilidad numérica y modificaciones de contratos, mediante una implementación gradual.
Los usuarios que todavía no completen la validación tendrán hasta el 31 de diciembre de 2028 para actualizar sus registros.
Desde enero de 2029, las líneas sin regularizar podrán enfrentar suspensión y posterior cancelación, conforme a los procedimientos establecidos.
Brasil también contempla mecanismos alternativos cuando una persona no pueda completar la verificación facial.
Una tendencia que avanza por América Latina
La decisión brasileña forma parte de un movimiento regional que busca identificar con mayor precisión a los titulares de servicios móviles.
En México, las autoridades impulsan la vinculación de números telefónicos con documentos oficiales, bajo un calendario que se extiende hasta diciembre de 2026.
El esquema mexicano establece límites generales sobre la cantidad de líneas por persona y restricciones para los números que no completen su identificación.
Chile también avanzó con el registro obligatorio de millones de líneas prepago, mediante mecanismos destinados a identificar a sus propietarios.
Costa Rica incorporó herramientas de autenticación biométrica para modernizar el registro de usuarios y reforzar los controles contra posibles fraudes.
En Perú, las medidas incluyen restricciones a la comercialización informal de tarjetas SIM y procedimientos de verificación de identidad.
Aunque las regulaciones difieren, comparten una preocupación: reducir el uso de números telefónicos asociados con identidades falsas o información irregular.
Honduras también abrió el debate sobre el reconocimiento facial
Honduras no es ajena a esta transformación, desde hace varios años, las autoridades impulsan mecanismos para identificar a quienes adquieren tarjetas SIM.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió la validación biométrica como una herramienta para evitar la suplantación de identidad.
El argumento central busca impedir que personas utilicen documentos ajenos para activar líneas destinadas a realizar llamadas vinculadas con actividades ilícitas.
En febrero de 2025, Conatel aclaró que las compañías verificarían los rostros mediante consultas a la base de datos del Registro Nacional de las Personas.
La institución aseguró entonces que no pretendía crear una base estatal paralela ni solicitar huellas digitales durante ese procedimiento.
Sin embargo, el proyecto despertó inquietudes entre sectores políticos y organizaciones preocupadas por el tratamiento de los datos personales.
El proceso de implementación también enfrentó modificaciones y en 2025, las autoridades anunciaron el aplazamiento de la validación hasta después de las elecciones generales.
El desafío de proteger los datos
El reconocimiento facial utiliza características del rostro para comparar la identidad de una persona con información previamente registrada.
A diferencia de una contraseña, los rasgos biométricos no pueden cambiarse fácilmente cuando alguien obtiene acceso indebido a ellos.
Así la protección de datos es uno de los principales desafíos de los nuevos sistemas de identificación.
Una filtración de información biométrica podría facilitar intentos de suplantación de identidad y otras formas de fraude, dependiendo de los controles existentes.
Por esa razón, especialistas y organizaciones defensoras de derechos digitales reclaman garantías sobre la recopilación, conservación y utilización de estos registros.
También cuestionan quién puede acceder a la información, durante cuánto tiempo permanece almacenada y qué mecanismos permiten detectar posibles usos indebidos.
Garantizar seguridad sin sacrificar privacidad
El avance de la biometría celular plantea una transformación que va más allá de comprar una tarjeta SIM o conservar un número telefónico.
Millones de personas dependen de sus teléfonos para trabajar, realizar operaciones bancarias, estudiar y comunicarse con sus familias.
Por eso, cualquier mecanismo obligatorio de identificación como la biometría también debe contemplar a quienes enfrentan dificultades tecnológicas o problemas para validar su identidad.
La seguridad telefónica constituye un objetivo legítimo, pero su aplicación necesita reglas claras, transparencia y mecanismos efectivos de protección.
América Latina avanza hacia sistemas donde el rostro adquiere un papel cada vez más importante para acceder a los servicios móviles.
La pregunta ya no es únicamente quién está detrás de cada número telefónico, sino quién responde por la seguridad del rostro que permite identificarlo.
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