El Parlamento de Nicaragua aprobó el lunes (21.12.2020) la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, para hacer prevalecer el principio constitucional de la independencia, soberanía y autodeterminación nacional, así como la no injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüenses. 

La normativa prohibirá optar a cargos de elección popular a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas, indicó la Asamblea Nacional.

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“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular", dijo Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional.

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"Las prohibiciones para optar a cargos de elección popular existen tanto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, cómo en el resto de ordenamientos jurídicos nicaragüenses”, expresó. 

Durante la discusión sobre la iniciativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, argumentó que el anteproyecto de ley se fundamentó en el artículo 1 de la Constitución que establece que “la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense.

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"Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo”, señaló.

Porras indicó que en el Código Penal están las sanciones por el delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo que van de 15 a 20 años de prisión; asimismo por los actos de traición a la patria que será penado con 10 a 15 años e inhabilitación absoluta; y sobre los delitos que comprometen la paz, la sanción es de 2 a 6 años de prisión.

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