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El movimiento Amnistía Internacional denunció el 21 de septiembre en un informe que países de América Latina como El Salvador, Venezuela y Paraguay han aprovechado la cuarentena del covid-19 como una forma de represión, violentando de esa manera los derechos humanos.
En estas naciones se han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena, mismos que son inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias, en el marco de las medidas adoptadas por los estados para evitar la propagación de coronavirus, indicó la ONG.
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Amnistía Internacional presentó el informe Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante covid-19 en las Américas, documentando a El Salvador, Venezuela y Paraguay donde hay sometimiento de personas, según registró el sitio Infobae.
Las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos, sugirió la ONG.
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"Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, señaló la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.
Represión y cuarentena
Según datos oficiales, a finales de agosto las autoridades de Venezuela habían sometido a cuarentena a 90 mil personas que regresaron de Colombia o Perú tras quedarse sin empleo. AI indicó que estas personas fueron enviadas a “centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos”.
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En el caso de El Salvador, hasta agosto el gobierno del presidente Nayib Bukele tenía a más de 16 mil personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de covid-19.
Mientras, en Paraguay a finales de junio las autoridades impusieron la cuarentena a unas 8 mil personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil.
