Sin embargo, estos hechos fueron descubiertos y denunciados por el gobierno actual, liderado por el presidente Nayib Bukele, quien puso al descubierto todos los abusos cometidos en el sistema penitenciario de El Salvador.

En su momento, Bukele señaló que estos se dieron principalmente durante la tregua entre ambas pandillas y el gobierno de la administración de izquierda del expresidente Mauricio Funes.

El medio colombiano Testigo Directo realizó un reportaje de investigación y constató que estos "privilegios" con la aplicación del régimen de excepción en El Salvador llegaron a su fin.

La última "pornofiesta" fue realizada por uno de los grupos criminales en 2016 en el Penal de Izalco, ubicado en el occidente de la nación centroamericana.

En las imágenes que se filtraron en el aquel momento en medios locales, se observa a varias mujeres completamente desnudas bailando entre ellas y con algunos reos, mientras el resto de los reclusos observaban con lujuria el espectáculo.

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Este era uno de los privilegios que en el pasado las autoridades penitenciarias le habían otorgado a los miembros de las maras y pandillas; quienes se desplazaban en las cárceles como si estuvieran en libertad.

"Era un verdadero irrespeto hacia a las instituciones y las autoridades, porque no debió ocurrir eso", manifestó el ciudadano salvadoreño, Carlos Salvador.

Otros privilegios

Las fiestas no era todo, algunos de los cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 tenían otros privilegios, como las visitas sexuales las veces ellos quisieran en sus lujosas celdas.

Hubo además, bodas colectivas tras las rejas, en la que los pandilleros se unían en matrimonio con sus parejas de vida que estaban en libertad y que visitaban su celda con mucha frecuencia.

Tenían acceso a aparatos de comunicación con los que llamaban a su antojo a sus familiares y a otros pandilleros en libertad.

De igual forma, las cámaras de diversos medios de comunicación registraron conciertos de rap dados por los mismos pandilleros en fiestas organizadas para entretenerse dentro del penal.

Para muchos de estos criminales, la cárcel solo fue una extensión del barrio que ellos dominaban en las calles, en las que disfrutaban con normalidad a sus mujeres e hijos.

Incluso tenían abundante y buena comida que muchas veces compraban en restaurantes fuera de la prisión.

Vea acá el reportaje completo de Testigo Directo sobre el fin de los privilegios para los pandilleros de El Salvador:

Guerra contra las pandillas en El Salvador

A inicios del 2022, el Gobierno salvadoreño instauró un régimen de excepción contra las maras y pandillas de esa nación, luego de una serie de asesinatos.

De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 66.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, y habrían sido puestas en libertad condicional unas 3.300.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios; que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción "no resolverá el problema" de las pandillas en El Salvador.

El 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022. 

VEA: El Salvador aprueba nueva ampliación del régimen de excepción