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Centroamérica no ha generado legislación para su integración en los últimos cinco años, según indicó el martes (14.09.2021) en San Salvador el magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar.
Salazar participó en un foro encabezado por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en el que se analizó la evolución del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
"He revisado los últimos cinco años de La Gaceta oficial del SICA sobre los avances legislativos y no hay normativa aprobada", indicó el letrado.
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"En la integración centroamericana tenemos que tener normativa aprobada para conseguir el bien común, para obligarnos a conseguir el bien común en cada uno de los sectores", apuntó el magistrado.
Indicó que el avance del proceso de integración se puede ver en la "aprobación de acciones comunes" por los consejos de ministros y "si han obligado a las administraciones nacionales a cumplir el objetivo centroamericano en esos documentos jurídicos".
Salazar sostuvo que "son los facultados para tomar decisiones legislativas" en el SICA.
"Voluntad política"
Manuel Lemus, especialista en aspectos jurídicos de la integración centroamericana, indicó en el encuentro que el SICA debe tener órganos diferentes para crear, aprobar y aplicar normas.
Para Lemus, la región debe "elaborar un nuevo instrumento jurídico" que defina "todos esos niveles institucionales de formación de normas".
El vicepresidente salvadoreño, en reacción a la exposición de Lemus, sostuvo que "para pasar a una etapa superior de una unión" en Centroamérica se necesita "voluntad política".
Ulloa lamentó el lunes que el SICA suma dos meses sin elegir a la persona que ocupará la Secretaría General del organismo.
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"Tenemos ya más de dos meses de no tener un secretario general del SICA. Esto no habla bien del proceso, no habla bien de los liderazgos en la región", señaló Ulloa en un foro sobre el futuro de la región en el marco del bicentenario de la independencia centroamericana.
De acuerdo con una publicación del SICA, para el periodo 2021-2025 le corresponde al Gobierno de Nicaragua "proponer los nombre de entre los cuales los Estados miembros deberán elegir a una persona" para ocupar la Secretaría General.
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