Los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, unicameral), entre ellos el expresidente Raúl Castro (2008-2018), pasaron el proyecto sin hacer modificaciones al documento.

El presidente insular, Miguel Díaz-Canel, aseguró desde la sede legislativa que la ley es un "primer paso" para regular "el sistema comunicacional" del país y reconoció el enfoque "regulatorio" de la norma.

Se trata de la primera legislación mediática en la isla. Ésta ha sido duramente criticada por ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.

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Sin mencionarlos directamente, Díaz-Canel se refirió a la importancia de la ley en un contexto de "intensa guerra mediática" contra Cuba.

Prohibiciones

En el texto aprobado se prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en "el ciberespacio".

De igual forma se subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en el país).

Aunque, según han argumentado sus defensores, además de los estatales también se pueden constituir medios que pertenezcan a "organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales", según se lee en el documento.

Desde el Gobierno se defiende la importancia de esta norma y se destacan novedades con respecto a versiones previas del documento -hubo otras 33- como la financiación de los medios a través de la publicidad.

En un artículo publicado el miércoles, el medio oficialista Cubadebate agregó que para distintos expertos consultados por el Parlamento, la ley de comunicación también es "una ley de seguridad nacional" y recordaron que "(el) 80 % de las comunidades digitales hoy están en plataformas norteamericanas", en referencia a redes sociales como Facebook y Twitter.

Sobre este punto, Díaz-Canel agregó que el "nivel de concentración" de esas plataformas "que no son de propiedad pública" son "cada vez menos" democráticas y que, por tanto, la norma tiene un "enfoque preventivo ante la subversión".

La Constitución cubana señala que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

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