Cuba cumple un año desde el estallido del 11J las mayores protestas antigubernamentales en décadas, sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, del desabastecimiento a la inflación y los apagones, apuntan a Efe expertos y activistas.

El descontento y hartazgo de muchos durante meses convirtió aquel día una protesta espontánea en San Antonio de los Baños; en el catalizador de unas movilizaciones sin precedentes que se extendieron rápidamente en todo el país.

Aupadas por las transmisiones en vivo en Facebook, las marchas lograron articularse en cerca de 50 puntos de la isla, con epicentro en la capital.

La mayoría protestaba por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación desbocada, la dolarización parcial de la economía y los constantes cortes en la luz; síntomas de una dura crisis económica fruto de los errores en la política nacional, las sanciones de EE. UU. y la pandemia.

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Pero también había quien exigía libertades y la instauración en Cuba de una democracia liberal, frente al sistema socialista que impera en la isla. La canción "Patria y vida", crítica con el Gobierno, se convirtió en himno de las protestas.

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, algunos choques con la policía y escenas similares -como lanzamiento de piedras o el vuelco de unos autos patrulla- sirvieron para que el Gobierno, que las consideró orquestadas desde el exterior, las tildara además como violentas y contrarrevolucionarias.

'Golpe de Estado vandálico'

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, las calificó como un "golpe de Estado vandálico". Él dio ese 11 de julio por televisión la controvertida "orden de combate" a los "revolucionarios" para recuperar la calle.

A las protestas siguieron las detenciones masivas, de opositores históricos a ciudadanos anónimos, algunos menores de edad. Las ONG Cubalex y Justicia 11J han documentado 1,484 arrestos.

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas han sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Human Rights Watch (HRW) y ONG locales han reportado asimismo un repunte desde entonces de la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes.

Denuncian detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de la conexión a internet; acciones que se intensifican en momentos políticamente sensibles, como en este primer aniversario del 11J o en torno a la protesta frustrada del pasado 15 de noviembre.

Un año después, el Gobierno solo ha solucionado una de las causas, según los analistas: la crisis sanitaria derivada del mayor brote de covid-19 en la isla.

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