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La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó el martes a escuchar los argumentos que respaldan la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a los "dreamers".
Al igual que más de 600.000 "soñadores", Rosa Barrientos está en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa.
Se conoce como "dreamers" aquellos que cuando llegaron a Estados Unidos sin papeles acompañando a sus padres durante el gobierno de Obama.
Este programa tiene por nombre oficial Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir, y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.
Ahora, su destino está bajo análisis del máximo tribunal.
La decisión de Trump, parte de su política dura contra la inmigración, es analizada por los nueve jueces que componen el tribunal.
Entre ellos cinco son conservadores, dos de ellos nombrados por el propio presidente republicano.
En la mañana, Trump dijo en Twitter que muchos de los beneficiarios de este programa ya no son tan jóvenes y están "lejos de ser ángeles".
Además indicó que algunos son criminales "curtidos".
Peligro de deportación
Trump señaló en su tuit que cuando su predecesor Barack Obama creó el programa no tenía las facultades legales.
"Si la Corte Suprema remedia esto con una revocación, se va a llegar a un trato con los demócratas para permitirles quedarse", escribió.
Según el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay 660.000 beneficiarios del DACA.
Unos 529.760 (poco más del 80%) de estos son de origen mexicano. El resto de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil.
Si la corte le da la razón a Trump, los "dreamers" no van a ser expulsados, pero se convertirán en indocumentados.
Trump ofreció dar protección temporal a los "dreamers" a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro.
El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.
"El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva", dijo el académico.
