El Parlamento español aprobó el jueves (18.3.2021) una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente "incurable" recibir ayuda para morir, según informaron medios locales.

La propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, entrará en vigor en tres meses, siendo valida en el Congreso del país con 202 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, 2 abstenciones y 141 votos en contra, principalmente de la derecha y la extrema derecha.

España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

"Hoy es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento y también lo es para sus familias", expresó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, según el Diario Semana.

Por otro lado, José Ignacio Echániz, diputado del Partido Popular expresó estar en desacuerdo porque “Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”,

Cuando entre en vigor la ley, España será el cuarto país europeo en permitir la muerte asistida, tras Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

En América Latina, Colombia acepta la misma ley, aunque no han legislado al respecto.

La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).

Condiciones estrictas

La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitarte” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.

Las condiciones que la persona debe de ser de nacionalidad española o residente legal, y que sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.

Aunque, la ley indica que un médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación.

Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.

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