La situación del periodismo independiente y crítico con el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua "es cada vez más precaria" debido a las constantes amenazas, censuras y ataques físicos, alertó este viernes la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.

"La situación del periodismo independiente en Nicaragua es cada vez más precaria, tanto para quienes están en el país como para los más de 253 exiliados, quienes en muchos casos sus familiares en Nicaragua son acosados, perseguidos y amenazados", denunció ese Colectivo en una declaración en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Los periodistas nicaragüenses críticos enfrentan constantes amenazas, censura y ataques físicos "por el simple hecho de ejercer su derecho fundamental a informar de manera independiente y objetiva", continuó esa ONG, que basa esa información con informes y denuncias que han recibido en su oficina en San José.

Asimismo, destacó la situación crítica y alarmante del periodismo en Nicaragua, en donde, según dijo, "la libertad de expresión, de prensa y el ejercicio del periodismo independiente están erradicados de facto y criminalizados" de parte de Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007 y que dice combatir la desinformación.

Piden derogar la 'Ley Mordaza'

En ese sentido, esa ONG criticó "la imposición de la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada 'Ley Mordaza', a finales de 2020, una legislación que ha servido como un instrumento de represión para silenciar las voces críticas y limitar la libertad de prensa en el país, misma que fue utilizada, entre otras leyes, para desnacionalizar a 317 personas", entre ellos al menos a 22 periodistas.

"Esta ley ha allanado el camino para una creciente opresión contra periodistas independientes y personas defensoras de los derechos humanos, quienes han sido objeto de intimidación, acoso, exilio y en algunos casos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios", afirmó.

Ese Colectivo recordó que la Declaración de Chapultepec de 1994, firmada por Ortega en julio de 2001, establece que no debe existir ninguna ley que coarte la libertad de expresión y de prensa, la que, a su juicio, es el caso de la 'Ley Mordaza', la que demandó su derogación inmediata.

Para esa ONG, los valores fundamentales de la prensa libre "están siendo socavados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que busca silenciar cualquier forma de disidencia y crítica".

Por tanto, demandó el cese de la persecución contra periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, y exigió respetar y proteger la libertad de prensa "garantizando un entorno seguro y propicio para que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a represalias".

Situación del periodismo de Nicaragua en números

Al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 por el Gobierno sandinista, según un informe divulgado recientemente por esa ONG.

Por su lado, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó en un informe divulgado hace dos semanas que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno de Ortega desde que estalló la crisis en 2018, incluyendo el influyente diario La Prensa, el Confidencial y 100 % Noticias.

En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó recientemente que la violencia del Gobierno de Ortega contra los periodistas nicaragüenses se ha recrudecido y que la misma incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos. EFE

También lea: El Gobierno de Nicaragua cancela personería a otras 15 ONG y traspasa sus bienes al Estado