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La reciente inclusión de 60 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras, Guatemala en la Lista Engel de actores corruptos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha puesto a temblar la palestra política en los tres países que conjuntamente forman el Triángulo Norte de Centroamérica, según un análisis de Infobae.
En la lista figuran uno de los asesores de comunicaciones más cercanos a Nayib Bukele, presidente de El Salvador; un vicepresidente del Congreso Nacional y pieza clave de la presidenta Xiomara Castro en Honduras; y el fiscal guatemalteco que ha emprendido investigaciones penales contra opositores a Alejandro Giammattei.
A pesar que no es la primera vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica la Lista Engel, un documento en donde los mencionados pierden el derecho de obtener visas para viajar al país norteamericano, en esta ocasión los mensajes políticos que con ella legan podrían tener consecuencias más claras que en ocasiones anteriores.
El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de "corrupción significativa", de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.
Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a "la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades".
{"url":"https:\/\/twitter.com\/SecBlinken\/status\/1549857571586150400","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->Primera llamada de atención a Xiomara Castro
Estados Unidos incluyó en ella a varios exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la actual mandataria hondureña, y que actualmente son empleados gubernamentales y miembros del partido Libertad y Refundación, que gobierna.
En total, fueron incluidos 15 funcionarios y exfuncionarios del pasado y presente Gobierno de Honduras.
Uno de ellos es Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso, a quien el Departamento de Estado señala por "participar en corrupción significativa cuando usó su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -entre 2006 y 2009- para malversar aproximadamente 327 mil dólares".
La Lista Engel incluye también a Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia de Zelaya y quien fue procesado por malversación de fondos en un caso conocido como "El Carretillazo" para financiar la Cuarta Urna con la que el expresidente pretendía implantar una Constituyente.
El tercero, afín al gobierno que fue incluido en la Lista Engel, es Edgardo Casaña, también vicepresidente del Legislativo, incluido por incurrir en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros (Inprema) para destinar más de 5 millones de dólares (unos 122 millones 821 mil 650 lempiras) en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.
"La luna de miel con Castro- asumió el poder en enero de 2022- parece haber terminado con esto", citó Infobae a un diplomático centroamericano residente en Washington que conoce detalles sobre la confección de esta lista.
Y antes de la publicación de la lista, Estados Unidos había advertido de que la influencia de Zelaya en el gobierno de su esposa podría ponerla a ella en aprietos ante el país norteamericano.
"Los principales problemas políticos de la presidenta (Xiomara Castro) pueden derivar de esa dualidad", indica la publicación que cita a Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Latinoamérica.
"Por ahora todo el gobierno (de Estados Unidos) está del lado de Castro y de lo que ella intenta hacer, pero también hay que tomar en cuenta la influencia política y poder que tiene Zelaya y sus círculos cercanos", agrega Méndez Dardón.
Cancillería desestimó las acusaciones
La Cancillería hondureña, sin embargo, desestimó las acusaciones estadounidenses y tildaron el documento de "motivado políticamente e injerencista".
Los diplomáticos estadounidenses coinciden que esta tensión en la publicación de la Lista Engel podría poner en riesgo, incluso, el apoyo estadounidense a una eventual Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
{"url":"https:\/\/twitter.com\/CancilleriaHN\/status\/1549923825655189504","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->En el corazón de la Casa Presidencial de Bukele
En 2021, con la primera versión de la Lista Engel, el Departamento de Estado había provocado terremotos políticos en el entorno cercano al presidente Nayib Bukele.
Para julio de aquel año, Estados Unidos nombró a varios de los funcionarios más cercanos al mandatario, entre ellos su jefa de gabinete; su secretario jurídico; su ministro de trabajo y su exministro de agricultura, quien es además amigo de infancia.
La reacción del gobierno, entonces, fue de acusar a Estados Unidos de hacerle el juego a la oposición y emprender, desde la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa, persecución política contra opositores y periodistas.
Uno de los nuevos listados es Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Bukele, y uno de sus colaboradores más cercanos durante la campaña presidencial y su amigo cercano.
A Sanabria, el Departamento de Estado lo acusa de "socavar procesos e instituciones democráticos, utilizando su posición y su influencia con el presidente para presionar de forma inapropiada a funcionarios en partidos de oposición para que renuncien bajo amenazas de ser sujetos a procesos criminales".
Antes de ser secretario de prensa, Sanabria estuvo relacionado con una cuenta de Twitter desde donde se lanzaban campañas de difamación y ataques a opositores de Bukele, según reveló una investigación de El Faro.
En la lista también se incluyen al exministro de Seguridad, René Mario Figueroa y a su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; al alcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García; al asesor legal de la Presidencia, Francisco Javier Argueta, entre otros.
Una advertencia a poderosos empresarios guatemaltecos
A Guatemala y a Alejandro Giammattei, la Lista Engel los sorprende en medio de un pleito con Estados Unidos "por la purga impulsada desde el gobierno de jueces y fiscales que investigaron a políticos y empresarios cercanos al poder", indica el artículo.
Por ello es que el Departamento de Estado se enfocó más en los socios privados del gobierno que en los funcionarios.
De estos últimos destaca la inclusión de Rafael Curruchiche, un abogado al que la fiscal general, Consuelo Porras, nombró jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en sustitución de Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Washington.
A Curruchiche lo señalan por "obstruir investigaciones de actos de corrupción, por malograr casos de alto nivel contra funcionarios del gobierno y montar aparentes casos espurios contra investigadores de FECI, abogados privados y miembros de la extinta CICIG (Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala)".
Sin embargo, la gran novedad es la inclusión de Ramón Campollo Codina, Ramiro Mauricio López y Mauricio López Oliva, tres empresarios vinculados al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), conocida en Guatemala por su influencia en los asuntos políticos del país.
A los tres los señala Washington de pagar sobornos para que sus empresas fueran favorecidas con millonarios contratos públicos.
Además figuran los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Nery Osvaldo Medina y Vitalina Orellana Orellana, y la directora del Instituto de las Víctimas, Alejandra Carrillo.
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