Un informe recientemente publicado por la ONG "Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más", con sede en Costa Rica, reveló que, desde abril de 2018, al menos 253 periodistas nicaragüenses se vieron obligados a abandonar su país debido a amenazas a su seguridad o fueron desterrados por el gobierno de Daniel Ortega.

Esta cifra pone de manifiesto el persistente peligro que enfrentan los profesionales de la comunicación en el país centroamericano.

El informe, presentado con motivo del sexto aniversario del fallecimiento del periodista Ángel Gahona, quien perdió la vida mientras cubría manifestaciones contra el presidente Ortega, resaltó el clima de hostilidad y persecución que enfrentan los medios independientes en Nicaragua.

Según el Colectivo, la vicepresidenta Rosario Murillo ha contribuido a este ambiente al calificar repetidamente a los periodistas de terroristas, mientras que el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, los ha desacreditado al tildarlos de "mercenarios de la información".

Medios cerrados

Por otro lado, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció el cierre o la confiscación de al menos 56 medios de comunicación desde el inicio de la crisis, incluyendo destacados diarios como La Prensa y El Confidencial, así como el encarcelamiento injusto del periodista Víctor Ticay, condenado a ocho años de prisión por supuesta difusión de información falsa.

Ante esta situación alarmante, el PCIN exigió la liberación inmediata de Ticay y el cese de cualquier forma de acoso judicial contra los periodistas.

Atención

Asimismo, exhortaron a la comunidad internacional a mantener la atención sobre Nicaragua y a apoyar a la prensa independiente, al igual que solicitaron medidas de protección para garantizar la seguridad de los comunicadores en el ejercicio de su labor.

El Colectivo también demandó a las autoridades nicaragüenses la devolución de los medios de comunicación confiscados y la liberación de Ticay, subrayando la importancia de preservar la libertad de expresión y de prensa en el país.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el recrudecimiento de la violencia del Gobierno de Ortega contra los periodistas, que incluye el robo de viviendas, el cierre de cuentas bancarias y agresiones a familiares.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, agravada por las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato en un contexto de falta de competencia real debido a la prisión o el exilio de sus principales opositores.

Esta situación continúa generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional por el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país.

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