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"Reemplazar la cárcel con el destierro implica cambiar una injusticia por otra igualmente grave", señaló el dirigente opositor desnacionalizado y expulsado de Nicaragua, Miguel Mora, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Además, Mora condenó la excarcelación y expulsión hacia el Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses que estaban privados de libertad.
Anotó que el exilio forzado constituye un crimen de lesa humanidad y no deberían ser considerado como un alivio ni tolerado por la comunidad internacional.
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A su juicio, es imperativo exigir el derecho de los "miles" de nicaragüenses desterrados, incluyendo los 222 opositores excarcelados y expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023; y los dos grupos de sacerdotes obligados a abandonar Nicaragua.
"El destierro no significa liberación, más bien es una nueva e inaceptable violación de los derechos humanos", argumentó Mora.
Ilegal y cruel intolerancia
Por su lado, la poeta y escritora Gioconda Belli, despojada de su nacionalidad, dijo en la red social X que "el destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel intolerancia del régimen de Nicaragua".
Belli, consideró que los sacerdotes llegaron a Roma en un viaje "no deseado" y que, "a cambio de salir del duro calabozo del encierro vil y desalmado", aceptaron ser desterrados.
"El destierro es una forma de muerte", afirmó la doctora nicaragüense Anely Pérez Molina, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, excarcelada y expulsada en marzo de 2023 hacia Estados Unidos.
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"No podemos acostumbrarnos ni normalizar el destierro", abogó, por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada Haydee Castillo, para quien "el destierro es también un crimen de lesa humanidad".
La organización Unidad de Defensa Jurídica (UDC) observó que el destierro se convirtió en Nicaragua en "una práctica del régimen Ortega Murillo para deshacerse de quienes le son incómodos", y que la misma "es una flagrante violación a los derechos humanos en Nicaragua que continúa en la impunidad".
"El destierro, por tanto desplazamiento forzado, ha sido la política de excarcelación que ha ejercido el régimen, lo cual constituye crímenes de Estado que la comunidad internacional debe denunciar y sancionar", señaló el organismo nicaragüense Urnas Abiertas
La exministra chilena de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola también se sumó al debate a través de la red social X, en donde comentó que lo triste de la excarcelación de los obispos y sacerdotes en Nicaragua "es que una se alegra de verlos libres, pero el destierro no es una solución".
Excarcelación
El Gobierno de Ortega informó el domingo que acordó con la Santa Sede el "envío" al Vaticano de los obispos nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez e Isidoro Mora; de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.
Con esto que suman 37 los curas excarcelados y expulsados de Nicaragua en el último año, sin incluir los seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
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