El sector de Contact Center (call center) y BPO (Subcontratación de Procesos de Negocio), uno de los motores económicos más importantes de Latinoamérica, podría verse gravemente afectado por la Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América 2025, una propuesta que busca frenar la externalización de empleos en Estados Unidos y priorizar la contratación interna.
Impulsada por el senador demócrata Rubén Gallego y el senador Jim Justice, la ley obligaría a las empresas a notificar con 120 días de anticipación si trasladarán operaciones al extranjero, crear una lista pública de empleadores que externalicen, imponer sanciones económicas y retirar subvenciones o contratos federales a quienes mantengan operaciones fuera de Estados Unidos.
Además, los agentes deberán informar a los clientes la ubicación del centro de llamadas y, si el usuario lo solicita, transferirlo a uno en territorio estadounidense.
También se dará prioridad en contratos federales a empresas que operen exclusivamente dentro del país.
Impacto para Guatemala
De acuerdo con información de Prensa Libre, en Guatemala el sector de Contact Center y BPO genera 55 mil empleos formales y 138 mil empleos indirectos, con una contribución salarial anual superior a Q11 mil millones (más de 37,790 millones de lempiras), según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
De ese total, 17 mil 125 empleos formales corresponden a empresas estadounidenses, con un aporte salarial anual de Q1.26 mil millones y una recaudación tributaria de Q144 millones.
La eventual aprobación de esta ley podría forzar a estas compañías a replantear sus operaciones para evitar sanciones, afectando directamente al empleo y a la inversión extranjera en el país centroamericano.

No es la primera vez que se intenta
Una propuesta similar fue presentada durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), pero no prosperó.
Ahora, con su segundo periodo y en un contexto de pérdida proyectada de 150 mil empleos en call centers en en país norteamericano para 2033, la iniciativa gana nuevo impulso.
Entre 2006 y 2014, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó la pérdida de más de 200 mil puestos en este sector, lo que ha motivado la presión política para repatriar empleos y restringir la subcontratación internacional.
Un reto para la competitividad regional
Si el Congreso estadounidense aprueba la ley, países como Guatemala, Filipinas o Colombia —altamente dependientes de contratos de empresas de EE. UU.— tendrían que adaptar sus estrategias para retener inversiones.
El sector BPO guatemalteco no solo ofrece salarios competitivos, sino que también aporta más de Q2 mil 700 millones en impuestos anuales y genera cerca de Q40 mil en inversión extranjera directa por cada nuevo empleo.
(Esta nota fue creada con ayuda de la IA e información de Prensa Libre)
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