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Después de pasar 22 años y siete meses en prisión por un crimen que no cometió, la hondureña Carmen Mejía, de 54 años, fue finalmente exonerada por la justicia de Texas, Estados Unidos.
La catracha recuperó su libertad tras demostrarse que la muerte de un bebé bajo su cuidado en 2003 fue un accidente doméstico y no un homicidio.
La Corte de Apelaciones Penales de Texas determinó que Mejía es "realmente inocente", poniendo fin a una condena a cadena perpetua que la mantuvo separada de sus cuatro hijos durante más de dos décadas.
Durante la audiencia en la corte del condado de Travis, en Austin, la mujer habló entre lágrimas sobre la fe que la sostuvo durante su encarcelamiento.
"Yo creo en los ángeles y yo decía: 'Dios me va a sacar de aquí un día'", expresó Mejía con la voz entrecortada.
La tragedia que originó el caso
El 28 de julio de 2003, Mejía se encontraba en su casa cuidando a sus hijos y a un bebé de 10 meses.
Mientras amamantaba a su hijo menor, su hija mayor intentaba bañar al bebé en una vivienda alquilada cuyo calentador de agua carecía de dispositivos de seguridad.
El aparato alcanzaba temperaturas cercanas a 148 °F (64 °C), lo que provocó quemaduras de tercer grado en el menor, quien falleció horas después en el hospital.
Sin embargo, durante el juicio, la fiscalía presentó expertos que afirmaron que las lesiones solo podían ser intencionales, lo que llevó a que Mejía fuera declarada culpable y condenada a cadena perpetua.
Posteriormente se determinó que hubo errores en los testimonios médicos y pérdida de evidencia, incluyendo grabaciones de declaraciones de los hijos de Mejía que respaldaban la versión del accidente.
Nuevas pruebas y revisión del caso
El caso comenzó a revisarse en 2021 gracias al Innocence Project y la Conviction Integrity Unit de la fiscalía del condado de Travis.
Expertos en quemaduras y seguridad doméstica concluyeron que las lesiones del bebé eran compatibles con un accidente provocado por agua extremadamente caliente.
En 2025, la médica forense que inicialmente había clasificado el caso como homicidio cambió su dictamen a accidente, lo que abrió la puerta a la exoneración.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Sarah Byrom reconoció el error del sistema judicial.
"Señora Mejía, hoy reconocemos que nuestra oficina le falló. El Estado la procesó y obtuvo una condena por lo que ahora entendemos fue un accidente trágico", declaró.
El juez P. David Wahlberg firmó la exoneración y también reconoció la injusticia que vivió la mujer.
"Carmen Mejía ha pasado casi 23 años bajo custodia del estado de Texas por algo que no fue un delito. Deportarla sería agravar la tragedia que ya le ha ocurrido", solicitó.
Libertad con incertidumbre migratoria
A pesar de haber sido declarada inocente, Mejía enfrenta ahora un posible proceso de deportación a Honduras.
Las autoridades migratorias podrían retenerla hasta 48 horas mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decide si será liberada o trasladada a un centro de detención.
La mujer llegó a Estados Unidos en 1995 huyendo de la pobreza y un entorno familiar abusivo, y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) cuando fue arrestada en 2003.
Para sus abogados, una deportación sería otra injusticia tras los años perdidos.
"Mejía logró sobrevivir más de dos décadas en prisión impulsada por la esperanza de reunirse con sus hijos. Sería la máxima injusticia que, tras demostrar finalmente su inocencia, sea trasladada a otra forma de encarcelamiento", afirmó Vanessa Potkin, del Innocence Project.
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