Un informe de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, una empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentó una publicación del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) del año 2020, una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.

En el informe, que incluye a 15 países de la región latinoamericana, se coloca a Costa Rica como el primer país de Centroamérica con el mejor manejo en las gestiones anticorrupción, y el tercero en Latinoamérica solo por detrás de Uruguay y Chile.

Esta es la primera vez que se incluye al país centroamericano en el estudio del Índice CCC, ya que en 2019 solamente se analizaron ocho países. Los datos reflejan que comparando los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado su índice anticorrupción, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.

En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

La segunda edición del Índice CCC cubrió 7 países más que en el 2019. Y en él se detalla que Uruguay tiene el puntaje más alto (7.78 de 10), lo que significa que se considera el país que más probabilidades tiene, entre los 15 en el estudio, de descubrir, castigar y detener la corrupción. Uruguay le siguen Chile (6.57) y Costa Rica (6.43) como los tres países con porcentajes más altos.

La AS/COA y Control Risks destacaron que la ola anticorrupción de la región se ha desvanecido. En los dos países más grandes de América Latina, Brasil y México, el enojo contra la corrupción abrió el camino a la elección de líderes antisistema en 2018 y el uso selectivo de la anticorrupción para atacar a los enemigos políticos.

En otros lugares, como Perú o Guatemala, el establecimiento político se defendió para evitar cambio, causando daños significativos a los esfuerzos anticorrupción en este último caso.

Preguntas sobre extralimitación judicial y policial, abuso de poder y el partidismo también salieron a la luz. Y percepciones públicas cambiado, después de varios años viendo grandes operaciones anticorrupción, América Latina comenzó a experimentar fatiga en la aplicación de la ley.

Los principales países latinoamericanos desarrollaron un entorno propicio para la primera vez, para combatir mejor la corrupción. Este entorno se basó en una variedad de elementos: desde tribunales más independientes y eficientes y agencias de aplicación de la ley para sistemas democráticos más fuertes y mejores periodismo de investigación.

La atención cambió a las cuestiones económicas y los derechos sociales, que estaban a la vanguardia de las masivas protestas en varios países a fines de 2019. Y entonces, el golpe de la pandemia.

El coronavirus o covid-19 presenta desafíos sin precedentes para América Latina, incluidos sus esfuerzos para combatir la corrupción. Todos los países de la región se han visto obligados a movilizar rápidamente recursos masivos para combatir el virus y mitigar sus consecuencias económicas, destaca el informe.

El momento de la pandemia también es particularmente preocupante. El covid-19 está golpeando América Latina en un momento en que la ola anticorrupción de toda la región, los últimos años, está perdiendo fuerza y en algunos lugares, se está retrocediendo peligrosamente.

La corrupción ha sido históricamente un obstáculo para América Latina, minando crecimiento, democracia y gobernanza, y violando los derechos de millones.

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